Escribe: José Ricardo Stok, profesor emérito del PAD
En los actuales contextos de globalización, apertura de mercados y libre competencia, los conceptos de empresa y pública parecen contradecirse. Distintos serían los casos de entidades promotoras, o de subsidio, cuya justificación y vigencia están precisamente en su objeto o propósito.
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Es simplista y equivocado sostener que todas las empresas públicas son malas, deficitarias o propensas a la corrupción. Hay muchas empresas bien gestionadas, con gerentes que realizan una magnífica labor: funcionarios públicos que quieren ser eficientes y se sobreponen con talento y valentía al cómodo “no se puede”, al egoísta “no te metas”, al temeroso “ojo con lo que firmas” o al insidioso “para qué complicarte la vida”. Ciertamente, no la tienen tan fácil, porque requieren directorios capaces e independientes, que orienten y avalen la tarea de la administración.
Según el portal del MEF, “el presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas”.
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Equidad es justicia, imparcialidad. Eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Eficiencia es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos.
Señala el Compendio de la Doctrina Cristiana que “la acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiaridad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica; debe también inspirarse en el principio de solidaridad”. También advierte que “la solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar fácilmente en asistencialismo, mientras que la subsidiaridad sin solidaridad corre el peligro de alimentar formas de localismo egoísta”.
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Olvidamos que, si bien hay que cuidar los recursos públicos que, por cierto, provienen de nuestros impuestos, el Estado ha de priorizar el bien común, aunque cueste más. El objetivo de una administración pública no es gastar poco, eligiendo el presupuesto más barato, aunque no sea el mejor. Hacer buen uso de los recursos no significa usarlos en menor cantidad, sino de manera eficiente; su desafío radica en cómo lo hace. Se trata de gastar donde mejor se sirva al bien común, sin ceder a populismos o a presiones mercantilistas. Los organismos de control deberían vigilar esto y no detenerse en minucias o tecnicismos. De lo contrario, se cae en la dictadura de lo mediocre, que es una cruel dictadura, porque relativiza todo, engañándose a sí misma y engañando a los demás.
Es necesario reducir el tamaño del Estado, es imperativo no permitir ninguna actividad empresarial deficitaria; es conveniente fomentar la iniciativa privada y la competencia, y establecer mecanismos regulativos sencillos y claros.
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