Durante el último cuarto de siglo, una serie de leyes y otras normas legales confirieron a Petroperú un estatus de autónoma (léase “intocable”). Por ejemplo, el 2004 fue excluida del proceso de privatización y, años después, dejó de estar bajo el ámbito de Fonafe, agencia encargada de la actividad empresarial del Estado –a excepción de las municipales, que viven en su propio caos–, aprobar su presupuesto y administrar la renta generada por la inversión de dichas empresas, que suman 35, más una entidad por encargo (EsSalud). Pero también ha habido normas que, aunque tenían el objetivo de fortalecer su autonomía, podrían facilitar su reestructuración.
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Una de ellas es su tipificación como empresa estatal de derecho privado, lo que significa que posee independencia para diseñar y poner en práctica su política laboral. Tras años de ser administrada deficientemente, con una inversión multimillonaria y creciente en un proyecto innecesario, y enormes problemas de liquidez y endeudamiento –que el salvataje financiero del Gobierno, en octubre del 2022, no logró solucionar–, los accionistas de la petrolera (el MEF y el MINEM) nombraron un nuevo directorio que desde que asumió, en marzo, tomó al toro por las astas, y anunció la reestructuración de la empresa.
En su última sesión aprobó reducir costos con medidas concretas (ver páginas 2 y 3), entre ellas, la reducción de un tercio de su personal. Es lo que suelen hacer las empresas privadas: si una mala inversión implementada por una gerencia mediocre eleva costos y gastos, tienen que reducirlos si buscan mantenerse a flote. En vista que las renuncias voluntarias en la petrolera no están cubriendo la cantidad esperada, se tendría que recurrir a los despidos. Es muy posible que surjan denuncias ante el Ministerio de Trabajo y el sistema judicial –tampoco podría descartarse la injerencia del Congreso–, de modo que la gerencia tendrá que hilar fino, por más que tenga la ley de su lado.
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También está en agenda la venta de unidades “no vitales”, según sostuvo el presidente del directorio, Oliver Stark, como las refinerías de Iquitos y Conchán, las que tendrían que ser saneadas previamente, y la entrega del Oleoducto a otra entidad del Estado. Stark considera que sería el Ministerio de Defensa, por el tema de seguridad, aunque habría que evaluar si su administración debería estar en manos de privados bajo un esquema similar al PMO que el directorio propone para Petroperú. Todas estas iniciativas tendrán que ser aprobadas por el MEF y el MINEM. Habrá que esperar que repliquen esa actitud decidida.
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