Escribe: David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía.
El Poder Ejecutivo ha puesto sobre la mesa el proyecto de Ley para la creación de un Ministerio de Infraestructura. Aunque la idea de un “megaministerio” que centralice la gestión de los proyectos de infraestructura suena atractiva (hay evidencia que en otros países funciona) y, en el papel, hay varios elementos que hacen sentido, nuestra lamentable realidad institucional, sazonada de un desastroso proceso de descentralización, nos impone serias dudas.
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Comencemos por lo que serían las buenas intenciones de la propuesta del Ejecutivo. El principal objetivo de este nuevo ente sería, nada menos, que mejorar “la gestión” de la infraestructura pública a nivel nacional. Y como ya sabemos, es justo la gestión pública el principal problema transversal de nuestro Estado disfuncional. Así, se detalla que sus principales atribuciones serán las de planificar y gestionar integralmente; mejorar los servicios públicos; reducir las brechas; formular y supervisar la política nacional de infraestructuras; dictar normas y lineamientos técnicos; coordinar y supervisar la ejecución de proyectos; asegurar la participación; diseñar procesos y metodologías; planificar y priorizar los proyectos; fomentar la inversión privada y extranjera; y supervisar la calidad de los proyectos ejecutados. Visto todo esto desde una perspectiva puramente conceptual, difícilmente alguien puede estar en contra de este ministerio en tanto este busque generar mayor eficiencia y efectividad.
En el papel, reitero, este ministerio seguiría las buenas prácticas internacionales de gobernanza, plasmadas en ministerios similares en el mundo. Una institución de este tipo debería buscar una mayor coordinación centralizada entre los diferentes niveles de gobierno; alcanzaría un salto importante en eficiencia administrativa y asignación de recursos eliminando duplicidades; brindaría una visión más estratégica que aporte al cierre de brechas sociales clave como son los sectores de salud, educación y saneamiento; y, una mayor transparencia y control.
Pero, como sabemos, en el Perú las buenas intenciones nos pueden llevar, con no baja probabilidad, a peores situaciones. Nuestra debilitada institucionalidad debiera alertarnos de fatales riesgos de esta iniciativa que termine derivando en un mastodonte burocrático y rígido, convirtiéndose en la “primera agencia de empleo del país”. Y esto, como saben, no es ninguna exageración en las condiciones actuales. Así, si no queremos que el hermano, el primo o las amigas de un congresista, o cualquiera con poder estatal, entre a trabajar a este ministerio, será fundamental implementar un claro mecanismo meritocrático para cualquier nueva incorporación a este organismo. Este debiera ser un ministerio súper especializado, con profesionales que sepan del tema.
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Y claro, la creación del Ministerio de Infraestructura no traerá por arte de magia una mejor gestión. Esto jamás sucederá sino se hacen reformas de fondo en la planificación y gestión a todo nivel, que permita cerrar las brechas de infraestructuras en ámbitos que requieren atención urgente. En el sector de educación menos del 30% de los locales públicos escolares cuentan con los tres servicios básicos de agua, luz y desagüe; en el sector salud, más del 90% de sus instalaciones no cuentan con capacidades instaladas adecuadas; y, cerca del 40% de la población en el Perú no cuenta con servicio de alcantarillado. ¿Nos hará el milagro de cambiar esta realidad el nuevo ministerio?
Y a lo anterior será difícil darle la vuelta mientras el planeamiento, la ejecución y la calidad de los proyectos en el Perú sean deplorables. Los últimos datos de julio dan cuenta que a nivel del gobierno nacional, los cinco sectores con mayor presupuesto (Transportes, PCM, Educación, Vivienda y Salud) sólo han ejecutado el 45% de sus recursos. A nivel de gobiernos locales, los cinco municipios con mayor presupuesto (Lima, San Marcos, Megantoni, Chimbote y Pichari) han ejecutado sólo el 50%. Y de estos, la municipalidad de San Marcos, que tiene el presupuesto para obras más grande en el país, sólo ha ejecutado el 16%.
Y podemos seguir con las dolencias. A nivel nacional, existen más de 24 mil proyectos (el 42% del total) presupuestados que no cuentan con ningún desembolso, lo que refleja una grave ineficiencia en la gestión de los proyectos públicos, resaltando los lamentables casos de los sectores de Educación, Vivienda, Transporte y Comunicaciones, Agrario y Riego, y Salud. La misma historia a nivel de los gobiernos locales donde el 43% de los proyectos no presentan ningún avance.
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¿Y qué hay detrás de todo esto? Ineficiencia absoluta. Basta subrayar que cada año se asignan recursos a más de 45 mil proyectos. ¿Y cuál es la principal caracterización en la conformación de estos proyectos? Resulta que un tercio de estos son nuevos, desplazando a un porcentaje similar que quedan descontinuados. ¿Cómo es posible que cada año se repita la historia de dejar sin terminar tantos proyectos y reemplazarlos por nuevos? Simplemente, pésima planificación. No hay capacidades ni incentivos para hacer las cosas bien.
Y esta historia surrealista no queda ahí. Fíjense; de los casi 150 mil proyectos que tuvieron ejecución presupuestaria en los últimos 10 años, sólo se ha terminado el 10%; es decir, cerca de 1,0% cada año. ¡Así jamás se cerrará ninguna brecha de infraestructura! ¿Podrá el nuevo Ministerio de Infraestructura mitigar –al menos– este complejo escenario? Veremos.
Exministro de Economía.
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