Escribe: Enrique Castillo, periodista.
Dos situaciones críticas, de las muchas que hay en el país, están poniendo a prueba la posibilidad y la capacidad del sector privado y del sector público para generar confianza en la población, lo que no sólo es importante para la promoción y ejecución de la inversión pública y privada en el país, sino también con miras a lo que será el proceso electoral próximo.
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La incursión empresarial en las regiones a través de los centros comerciales ha sido considerada y percibida en la última década como una muestra de modernidad. La inauguración de un mall hacía sentir a las personas de las ciudades del interior que podían tener a la mano lo que una capital como Lima tenía. Estatus, consumo, entretenimiento, y espacio familiar se dieron cita en un solo lugar. Y hasta ahí, todos felices.
La tragedia del Real Plaza de Trujillo genera, de un momento a otro, un impacto muy negativo sobre este tipo de inversiones e infraestructura. Primero, obviamente por las pérdidas de valiosas vidas humanas y por los heridos. Segundo, porque nunca nadie pensó que algo como esto podía pasar en lo que se consideraba un espacio “abierto” y seguro. En tercer lugar, porque se dio en el espacio más “abierto”, más convocante, y más familiar del centro comercial. Y cuarto, por el muy mal manejo de la situación que ha hecho, y viene haciendo Intercorp, el grupo empresarial propietario del Real Plaza, desde el primer momento de la desgracia hasta hoy; y desde la parte de la atención de la emergencia y de los afectados, hasta el manejo de la crisis.
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En una situación como esta es indudable que existe una responsabilidad directa del privado (sea a través del proyectista, del constructor, o del propio supervisor), como también del sector estatal (supervisores, fiscalizadores, etcétera). Ninguno puede tratar de eludirla, ni de esperar investigaciones para asumirla. Pero el mal manejo de la crisis por parte del privado, así como el aprovechamiento político de las autoridades municipales y regionales, generan la percepción de que solo el inversionista privado es el culpable.
Otra situación es la del nuevo terminal aéreo internacional del Jorge Chávez. Una enorme y moderna infraestructura, literalmente aislada, a la que se le ha prestado dos puentes provisionales que se conectan a la gran ciudad a través de solo una vía colapsada por el tráfico de la carga pesada y ligera, donde todo el día es hora punta, y que, lamentablemente se encuentra amenazada por la delincuencia.
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Ahora se deja abierta la posibilidad de una nueva postergación de su inauguración, lo que vuelve a poner sobre la mesa la idea de una muy mala coordinación entre el sector público y el sector privado, que, a vistas del país, no pueden terminar de solucionar problemas que deberían ser parte del ABC del desarrollo de infraestructura. ¿Para qué quiero un modernísimo aeropuerto al que no tengo acceso o al que es un infierno llegar?. El nuevo terminal aéreo no es solo el terminal y las pistas de aterrizaje, como el puerto de Chancay, no es solo las grúas pórtico y los patios de contenedores. ¿de qué nos sirven un aeropuerto y un puerto al que las personas y la carga no pueden llegar, o a los que van a llegar después de mil y un riesgos y peripecias?
El primer caso nos muestra problemas de diseño o de construcción y de supervisión y fiscalización, y muy probablemente de corrupción. Y el segundo nos enfrenta a deficiencias en la planificación, coordinación, y en el desarrollo y ejecución de obras complementarias absolutamente necesarias para el normal funcionamiento de un aeropuerto.
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Situaciones como estas deben ser tomadas muy en cuenta por el nuevo ministro de Economía, José Salardi, quien muy acertadamente quiere buscar dar mayores facilidades para que la inversión privada tenga una mayor presencia en el país. Una cosa es solo promover y adjudicar proyectos, y otra financiarlos, ver que se ejecuten, se terminen, y ponerlos al servicio de la población.
No es un secreto que en el Perú tenemos una enorme cantidad de proyectos y obras demoradas, paralizadas y hasta abandonadas, en cualquiera de las modalidades vigentes. Y tampoco es un secreto que las principales causas de esta situación son la poca o deficiente capacidad de gestión y supervisión del gobierno central y de los gobiernos subnacionales, así como la corrupción, grande o pequeña.
Enorme tarea la del ministro por delante, pero también la del sector privado, que debe actuar con eficiencia, responsabilidad y diligencia para evitar que se repitan tragedias como la mencionada, y que situaciones críticas puedan usarse políticamente para tratar de desacreditar a la inversión privada con miras a una elección política.
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