Silencio cómplice

La eficacia de las fuerzas policiales y su pleno respeto de los derechos humanos se construye a partir del respeto de los ascensos meritocráticos, la designación de personas competentes, la duración de las autoridades un plazo prudencial, la capacitación de las fuerzas policiales, los adecuados sistemas de información e inteligencia, entre otros.

En tal sentido, si un policía vulnera en determinada ocasión los derechos humanos, la responsabilidad de su actuación no solo corresponde al referido policía o sus jefes, sino también a todos quienes debilitaron la institucionalidad de las fuerzas policiales y a quienes con su inacción o silencio fueron cómplices de que ello ocurriese. Eso deberíamos tenerlo claro todos y, en particular, las organizaciones que promueven la plena vigencia de los derechos humanos.

Lamentables las protestas violentas que tuvimos a fines de 2022 e inicios del 2023, que incluyeron toma simultánea de aeropuertos y vandalización de entidades públicas y privadas. Valga reiterar que las protestas violentas no son libertad de expresión (ver artículo anterior “Protesta sí, Violencia e Intimidación no”).

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Penoso además que al contener esta violencia haya habido violaciones de derechos humanos. Toda muerte debe investigarse y los responsables de cometer abusos deben ser sancionados. Pero las investigaciones no solo deben referirse a quien disparó un arma o a quien era su jefe en ese momento, sino también a todos quienes debilitaron la institucionalidad de las fuerzas policiales durante el Gobierno de Castillo o fueron cómplices de que ello sucediese.

Al respecto, Castillo durante su Gobierno se esmeró en debilitar al sector Interior, la Policía Nacional del Perú y el servicio de inteligencia, poniendo a personas sin las competencias adecuadas y además con una rotación preocupante de ministros del Interior.

Para comenzar estuvo el nombramiento de José Luis Fernández Latorre como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), quien venía de ser comisario policial en Tacabamba, Chota. Según denuncias periodísticas, tenía cerca de 30 sanciones disciplinarias y había sido declarado no apto para el ascenso en tres oportunidades. Habrían hecho bien las organizaciones de derechos humanos en protestar cuando se le nombró. Con Fernández se puso a una persona sin mayores méritos en la dirección de una entidad a cargo de garantizar, entre otros, la vigencia de los derechos humanos.

La DINI está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Fernández Latorre fue nombrado jefe de la DINI en setiembre de 2021 y permaneció en el cargo hasta noviembre de 2022, en que se dio por concluida su designación luego de que fuera detenido en el marco de la investigación fiscal por el direccionamiento de los procesos de compra de combustibles de Petroperú. Así, se le nombró mientras era presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido y se mantuvo con Mirtha Vásquez, Héctor Valer (ministro por días) y Aníbal Torres. Penoso que lo hayan mantenido como su subalterno.

Está además la constante rotación de ministros del Interior, con 7 personas en el plazo de 16 meses, en que cambió el ministro y cambiaron también los equipos debajo del mismo. Habrían hecho bien las organizaciones de derechos humanos en levantar la voz cuando a los dos meses del Gobierno de Castillo se nombró a Luis Barranzuela como segundo ministro, quien había recibido más de 150 sanciones cuando formó parte de la Policía Nacional. O cuando en el mes décimo segundo se nombró al séptimo ministro.

Abundan, en el debilitamiento perpetrado por Castillo, los ascensos a generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en función de presuntos sobornos en noviembre de 2021, en que el presidente mismo habría estado involucrado, lo cual viene siendo investigado a nivel penal.

Cabe mencionar que el debilitamiento de las fuerzas policiales se veía en resultados en la propia época de Castillo, mucho antes de las protestas que se dieron en diciembre de 2022. Recordemos la fuga de Juan Silva y Fray Vásquez (sobrino de Castillo) o la inconstitucional declaratoria de inmovilización ciudadana el 5 de abril de 2022 como forma de enfrentar el paro de transportistas.

Así, el debilitamiento de las fuerzas policiales perpetrado por Castillo, la inacción y el silencio de quienes dirigieron la PCM y el sector Interior, así como el silencio de quienes conocen de la defensa de los derechos humanos fueron cómplices de la ineficacia de las fuerzas policiales en restablecer el orden interno respetando los derechos humanos en las protestas recientes.

Que se investiguen todas las muertes ocurridas en el marco de las protestas y se sancione a los culpables. Que las investigaciones y sanciones incluyan a los responsables por el debilitamiento de las fuerzas policiales y el servicio de inteligencia, y a quienes fueron cómplices con su inacción y su silencio.

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