Escribe: Brenda Sparrow, gerenta de asuntos legales y regulatorios de ComexPerú
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha lanzado recientemente una ambiciosa propuesta: un shock desregulatorio para reactivar la economía eliminando trabas innecesarias, reduciendo sobrecostos y haciendo más eficiente al Estado. Es una gran oportunidad que no debemos dejar pasar.
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Hoy, el Perú es uno de los países con mayor carga regulatoria del mundo. A nivel nacional, regional y local, enfrentamos un laberinto de normas que, en lugar de facilitar el desarrollo, complican tanto al sector público como al privado. Esto reduce nuestra competitividad, alimenta la informalidad, desanima la inversión, genera pérdida de empleos y es un caldo de cultivo para la corrupción. Por ello, un proceso de desregulación eficiente es impostergable.
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El primer paquete del shock desregulatorio incluye 402 medidas para simplificar trámites, acortar plazos, mejorar reglas tributarias y fortalecer instituciones en sectores clave como transporte, pesca, minería, comercio, telecomunicaciones, hidrocarburos, construcción, energía y salud. El objetivo es aliviar la carga que hoy impone el Estado a quienes quieren emprender, invertir o simplemente trabajar.
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Sin embargo, la ejecución será el verdadero reto. Identificar las medidas es apenas el primer paso. Muchas de ellas requieren cambios en leyes y normas que no dependen solo del MEF. Se plantean modificaciones a 54 normas con rango legal, 261 decretos supremos, 14 resoluciones ministeriales y más de 70 disposiciones infra legales, que involucran a múltiples sectores y niveles de gobierno.
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Esto exige coordinación y capacidad política. El MEF tendrá que trabajar de la mano con muchas instituciones públicas y lograr acuerdos para que las reformas avancen. En el caso de normas infralegales, será clave el trabajo conjunto con organismos como Indecopi, no solo para seguir detectando barreras burocráticas, sino también para asegurarse de que las entidades del Estado realmente las eliminen.
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Para que este proceso avance, resulta indispensable que Indecopi adquiera la categoría de organismo constitucional autónomo, con la autoridad suficiente para hacer cumplir la ley y actuar como garante frente a la arbitrariedad normativa de otras entidades del Estado. Esto cobra aún más importancia cuando algunas instituciones públicas insisten en aplicar reglas que ya fueron eliminadas. Un caso claro es el de los registros sanitarios de alimentos, que la autoridad de salud sigue exigiendo a pesar de haber sido eliminados en el 2017.
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Además de una reforma desregulatoria, proponemos avanzar hacia una estandarización obligatoria de los procedimientos y criterios de fiscalización que usan las entidades públicas, junto con su progresiva digitalización. Esta combinación reduciría significativamente los espacios de corrupción, facilitaría la formalización de miles de pequeñas empresas y permitiría construir un Estado más accesible y confiable para el ciudadano.
El éxito de este shock regulatorio no depende solo del MEF. Hace falta liderazgo, coordinación, voluntad política y compromiso institucional. Lo más importante es empezar a ejecutar las medidas que sí están bajo su control, mientras se preparan las condiciones para implementar las más complejas.
Esta puede ser una oportunidad clave para demostrar que el Estado puede dejar atrás la tramitología excesiva y apostar por un modelo que impulse la inversión, fomente la formalización y genere empleo de calidad.
