Profesor en la Escuela de Gestión Pública de la U. Pacífico
El Ejecutivo ha presentado hace unos días un proyecto de ley solicitando al Congreso la delegación de facultades para legislar, entre otros, en materia tributaria. Las medidas planteadas por el Gobierno claramente muestran que, antes que ampliar la base tributaria o promover la formalización fiscal, se pretende recaudar más de los mismos contribuyentes.
Por paradójico que parezca, el caso del IGV a los servicios digitales que nos provee plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime, es un botón para mostrar.
En efecto, el Ejecutivo ha propuesto establecer mecanismos para recaudar el IGV por aquellas operaciones de la economía digital que realizan estas empresas no domiciliadas en un formato B2C; es decir, modificará dicho impuesto para gravar los servicios de streaming de audio y video que nosotros -ciudadanos de a pie- pagamos mes a mes a tales plataformas, probablemente a través de la recaudación que hagan las entidades bancarias y otros intermediarios financieros.
Es curioso que el proyecto de delegación de facultades señale que el mecanismo permitirá una adecuada tributación de estos modelos de negocio digitales pues, no necesariamente ello se logrará.
Es cierto que más de 90 países gravan estos modelos de negocio digitales con impuestos al valor agregado o IVA, incluyendo en la región a Chile, Ecuador o Colombia, entre otros. También es verdad que tal imposición está en sintonía con las recomendaciones internacionales sobre el IVA de la OCDE (2017) y no entraría en colisión con el Acuerdo Global para enfrentar los desafíos de la digitalización de la economía (octubre 2021), al que está suscrito el Perú.
Pero la tendencia global de gravar las operaciones digitales que motiva la propuesta del Ejecutivo debe ser correctamente informada a la ciudadanía. Estas medidas no significarán en la práctica una mayor imposición a la multinacional ni la empresa que opera la plataforma. No, los cambios al IGV impactarán económicamente, en la práctica, en nosotros, los usuarios.
Seguramente ello no alterará la demanda de este mercado digital, debido al modelo de suscripción con micropagos –como ha sucedido en otros países-, pero eso no cambia que el IGV no lo pagará Netflix, sino sus usuarios y no por causa atribuible a la plataforma, sino al IGV y los mecanismos en base a los que funciona.
No es malo establecer estos impuestos digitales, en el marco de los acuerdos internacionales y las últimas tendencias tributarias, pero esperemos que la norma que emita el Ejecutivo dote de simplicidad y certeza los mecanismos de recaudación.