Escribe: Galantino Gallo, CEO de Prima AFP
Los proyectos exitosos no suelen empezar si es que no se tiene una idea clara de lo que se quiere lograr o si no se han trazado metas concretas y medibles de lo que se quiere alcanzar. Puede sonar básico, pero la verdad es que muchos esfuerzos, tanto en el terreno empresarial como en el personal, se diluyen por no haberse basado, desde el inicio, en objetivos tangibles.
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Las elecciones del próximo año deberíamos verlas desde la misma lógica. No solo se trata de a quiénes elegiremos –aunque será fundamental elegir a personas competentes y probas–, sino también de acudir a las urnas con una idea clara de lo que queremos lograr como país y conscientes de cómo nuestro voto puede acercarnos a esa visión.
Será importante que exista en nuestras futuras autoridades un interés real en la construcción de confianza en el país y en el Estado.
Entre las prioridades de todos estará, por ejemplo, la lucha contra la inseguridad ciudadana, y la búsqueda de autoridades que puedan encontrarle soluciones más allá de los discursos. Pero con los ojos puestos en el largo plazo, y con el bienestar futuro de los peruanos como principal objetivo, parte clave de nuestro análisis debe también incluir la búsqueda de propuestas realistas sobre cómo retomar (y hasta mejorar) el ritmo de crecimiento que tuvimos a principios de siglo y cómo lo empleamos para reducir la pobreza significativamente.
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Para esto, fortalecer la productividad de nuestro país, tanto a nivel de empresas como de personas es sumamente importante. Y aquí hay más de una arista a tomar en cuenta:
Es el caso de la informalidad, por ejemplo, que impacta al 70% de nuestra economía y es un techo a nuestra capacidad. A nivel de negocios, esta impone límites estructurales al crecimiento: restringe el acceso al crédito, desalienta la inversión de largo plazo y empuja a muchos negocios a mantenerse deliberadamente pequeños para evitar los mayores controles estatales que vienen con la expansión. Esta, a su vez, limita la adopción de tecnología y la integración a cadenas productivas más dinámicas.
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En el frente laboral, mantiene a millones de personas en condiciones de vulnerabilidad, con ingresos que muchas veces ni siquiera alcanzan la RMV y sin acceso a beneficios como seguro de salud, vacaciones, CTS o aportes al sistema previsional. Todo, además, se asocia a otra realidad: un sistema educativo que, en muchos casos, no logra dotar a las personas de las oportunidades básicas para desarrollarse y ser más productivas.
En esa línea, el próximo año será clave elegir candidatos con estrategias claras para reducir la informalidad y hacer que la formalidad sea atractiva. Será necesario, por ejemplo, simplificar procesos, reducir el costo de contratación formal, introducir mayor flexibilidad en los regímenes laborales y tributarios para las microempresas y mejorar la información disponible para los emprendedores –la evidencia muestra que la mayoría quiere formalizarse, pero hoy el sistema se lo pone más difícil de lo que debería–. Asimismo, debemos buscar compromisos específicos para elevar la calidad de la educación pública en todos sus niveles, manteniendo abiertas las puertas a la participación del sector privado.
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En línea con lo anterior, también será importante que exista en nuestras futuras autoridades un interés real en la construcción de confianza en el país y en el Estado, como resultado de instituciones fuertes, estables y predecibles. La inversión privada –sobre todo la que apuesta por el largo plazo– solo se sostiene cuando hay estabilidad jurídica, respeto a las reglas de juego y un Estado que no cambia las condiciones a mitad del camino o que se mantiene en crisis constante. Sin institucionalidad fuerte, ni la solidez de nuestro modelo económico ni el mayor optimismo empresarial terminan cuajando en inversión constante y sostenida. Y sin esta, no tendremos ni los recursos públicos ni el dinamismo en el mercado necesarios para lograr nuestras metas.
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Al mismo tiempo, es clave que en la agenda de los candidatos figure la continuidad y expansión de aquello que está avanzando en la dirección correcta, como la reforma del sistema de pensiones, que representa un primer paso hacia un esquema previsional más robusto y con mayor capacidad de proteger a los peruanos en su jubilación. Los siguientes avances deberían enfocarse en ampliar la inclusión previsional, promover la competencia e innovación, y en construir mejores canales de comunicación que hagan explícito no solo la importancia del ahorro para la vejez, sino también el rol del sistema financiero como aliado para el desarrollo de las personas. Aquí, también, la meta demanda el aporte del sector privado y la voluntad del próximo gobierno de trabajar de manera conjunta.
El 2026 será, sin duda, un año decisivo y dependerá de nosotros ir a votar con una visión clara de lo que queremos para el país y nuestro futuro.
