En los últimos años hemos sido testigos del quiebre democrático de ciertos países de la región como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, entre otros, en los cuales los gobiernos en el poder vienen erosionando las instituciones.
Por: Karin Woolcott, gerente Vice President de Marsh Specialty
Los riesgos políticos son aquellos que afectan los intereses económicos de las empresas debido a los cambios constantes y a la falta de estabilidad política de un país o una región. Estos riesgos afectan directamente la inversión privada nacional y extranjera.
A nivel Latinoamérica, de acuerdo a un informe realizado por el Centro de Estudios Internacionales (CEIUC), entre los principales riesgos actuales se encuentran la erosión democrática, las protestas sociales y la violencia, la poca estabilidad jurídica sobre la inversión privada y extranjera, la crisis migratoria, la polarización política, la irrelevancia regional y el aumento de los ciberdelitos.
Sobre ello, las organizaciones han visto a los Seguros de Riesgos Políticos o PRI por sus siglas en inglés como una alternativa. Este seguro brinda protección frente a situaciones catastróficas, es decir, cuando la pérdida de las empresas es permanente.
Los PRI están dirigidos a empresas que corren el riesgo político de invertir en países ajenos a los suyos. Estos seguros suelen ser subestimados por los inversionistas extranjeros. A pesar del conocimiento de los beneficios de este producto, a menudo las organizaciones lo perciben como “caros o costosos” debido a que las ventajas financieras de la cobertura no se han cuantificado adecuadamente.
Un reciente estudio elaborado por Marsh en colaboración con IHS Markit, advierte que una política de seguro de riesgo político bien diseñada debería dar como resultado una mejora distinta de cero en la prima de riesgo país, y que esto debería capturarse en beneficio de los inversores al realizar un ejercicio de valoración.
Cabe precisar que el riesgo país es un indicador que estima la capacidad de la nación para cumplir con sus obligaciones financieras. Este suele medirse a través de la prima de riesgo. En ese sentido, las coberturas del seguro de riesgo político están diseñadas para indemnizar a las empresas frente a una proporción de las pérdidas potenciales, lo cual justifica una reducción en la prima de riesgo país.
Asimismo, esta cobertura es una herramienta estratégica que acompaña al cliente en la evolución del negocio protegiendo a las partes interesadas que intervienen: Accionistas, Bancos, Inversores, Acreedores, etc.
Frente a este panorama, el seguro de riesgo político puede compensar a las empresas de los daños permanentes derivados de, por ejemplo: Expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, violencia política, inconvertibilidad de moneda local a una moneda fuerte o su transferencia fuera del país, entre otros.
En conclusión, este seguro debe comenzar a percibirse desde otra perspectiva a la de ser “cara o costosa” sino más bien como una inversión que proteja los activos invertidos en el extranjero.