Escribe: David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía y Finanzas.
¿Un funcionario público debe ganar bien? Reflexionemos. Los salarios de los funcionarios públicos han sido objeto de diversas aproximaciones teóricas que buscan explicar cómo estos deberían determinarse para maximizar el bienestar social y la eficiencia gubernamental. Las principales aproximaciones teóricas concluyen que el pago de planillas debiera reflejar la inversión en educación y experiencia de los empleados. Otra visión plantea que una remuneración alta debería reducir la probabilidad que el empleado público sea corrompido o capturado por “el lado oscuro”. En otro tanto, una perspectiva más balanceada plantea que pudiendo ser cierto todo lo anterior, los sueldos en el Estado están condicionados por las restricciones fiscales del Gobierno. En resumen, el sueldo del trabajador del Estado debe estar asociado a su productividad y este tiene que aportar en la calidad del servicio que brinda al ciudadano que se traduciría en mayor bienestar, sin vulnerar la sostenibilidad financiera.
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Partiendo de lo anterior, los incrementos salariales idealmente deberían estar vinculados a mejoras en la eficiencia y en la prestación de servicios públicos y, a partir de ahí, generar un círculo virtuoso de inversión en el capital humano del Estado y en los servicios que éste ofrece a la ciudadanía. Sin embargo, en el caso peruano se presenta lo que en economía pública se le llama “la paradoja del gasto público”: el escenario cuando el incremento del gasto estatal –especialmente en salarios– no produce los resultados esperados en términos de bienestar social.
Así, en lugar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, estos incrementos se convierten en una carga financiera adicional, que se manifiesta en mayores impuestos o en una reducción de la inversión en sectores críticos como salud, educación e infraestructura. De hecho, en el Informe de Competitividad del año 2022, publicado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), se mostraba que mientras los gastos en planilla en los sectores de salud, educación y transporte no han parado de crecer, se describe una sólida correlación negativa con los niveles de satisfacción de los ciudadanos hacia esos servicios. Por ello, cuando continuamos viendo que el Congreso insiste persistentemente en incrementar el gasto en planillas, en el contexto actual de la discusión del Presupuesto Público 2025, las líricas de Mark Knopfler de Money for Nothing suenan con fuerza. Basta recordar que en el Presupuesto 2024, el Congreso, con la anuencia del Ministerio de Economía y Finanzas, le cargó a todo el país un incremento en el gasto de planillas de S/. 10 mil millones, es decir, más de 1 punto porcentual del PBI que hoy nos están desviando de la meta fiscal.
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Y nada detiene este fenómeno. El reciente informe del CPC sobre la ejecución de planilla pública en julio del 2024 revela su imparable tendencia. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a julio del 2024, que mide los fondos asignados para el pago de planillas, se sitúa en S/. 81 mil millones un incremento de S/1.4 miles de millones respecto al Presupuesto Inicial de Apertura. La medición correspondiente a julio 2024 versus julio 2023 se incrementó en 7.1%. En el Gobierno Nacional (GN) las tres instituciones con mayor incremento en el gasto en planilla son la Contraloría General (44.8%), la Defensoría del Pueblo (20.4%) y el Congreso de la República (15.6%).
Analizando estas tres instituciones, observamos que el costo por trabajador en la Contraloría ha subido en un 43.8% respecto a diciembre del 2023. En la Defensoría del Pueblo, el costo por trabajador ha aumentado en un 21.7%. En el Congreso de la República, el incremento llega a 26.9%. Estos incrementos son desde cualquier punto de vista desmesurados; no están justificados por mejoras tangibles; y, parecen desconectados de cualquier lógica de eficiencia o beneficio para la población. ¿Algún ciudadano puede decir que el servicio que nos brinda la Contraloría, la Defensoría del Pueblo o el Congreso ha mejorado al menos en un modesto porcentaje?
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El informe del CPC debería ser una llamada de atención para los responsables de las políticas públicas en el Perú. Los incrementos salariales descontrolados, como los que se observan en el sector público, no solo no mejoran el bienestar de los ciudadanos, sino que corren el riesgo de desestabilizar la economía del país. Este “dinero por nada” que se está gastando sin un retorno visible en términos de eficiencia y calidad del servicio público es insostenible y requiere una revisión urgente. En otras palabras, el Perú necesita una política salarial en el sector público que esté alineada con resultados medibles y beneficios tangibles para la población. Solo así se podrá asegurar que el gasto en planillas se convierta en una inversión en el bienestar y no en un gasto que, al final del día, solo beneficia a unos pocos.
Exministro de Economía.
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