Economista Asociado de Macroconsult
Recientemente, el MEF ha aprobado dos reglamentos que buscan impulsar la inversión privada en infraestructura, perfeccionando el marco legal relativo a las asociaciones público-privadas (APP) y el mecanismo de obras por impuestos (OxI).
En el caso de las APP, el principal cambio introducido apunta a mejorar el desempeño del Estado, como contraparte contractual. Un problema frecuente que se viene enfrentando en los últimos años, ha sido que compromisos asumidos por el Estado en el marco de los contratos de APP, son finalmente incumplidos. Esta falla obedece en gran medida a ineficiencias del propio Estado en su calidad de concedente: defectos en la planificación, ausencia de sistemas de gestión del conocimiento, trámites que dificultan la adopción de decisiones, entre otros. En la búsqueda por resolver esta falencia, se ha creado la figura de los Órganos Especializados en Gestión y Ejecución de Proyectos (Oegep), instancia técnica dentro de la estructura orgánica de la entidad responsable del proyecto, que será encargada de la gestión, seguimiento y ejecución de los contratos. Será importante dotar a estos órganos del empoderamiento y autonomía técnica necesarios para que puedan cumplir con sus funciones, dándole facilidades administrativas y recursos humanos en cantidad y calidad suficientes.
Otras medidas importantes incorporadas por el reglamento se refieren a la reducción de plazos y la simplificación de trámites a lo largo de las distintas fases de una APP.
El sistema de OxI ha mostrado un dinamismo importante incluso mayor al de las APP. El nuevo Reglamento incorpora nuevas fuentes de financiamiento para la aplicación del mecanismo OxI, como recursos directamente recaudados en el caso de entidades del gobierno nacional. Asimismo, si bien ya era aplicable el mecanismo al mantenimiento de obras, el nuevo reglamento posibilita su aplicación a la operación del proyecto. Esto permitirá evitar que proyectos relativamente complejos (por ejemplo, la construcción de un hospital), en los que la entidad pública (un gobierno regional o local) enfrente dificultades económicas o técnicas para su puesta en operación, se pueda utilizar el mecanismo de OxI para aprovechar el expertise y recursos privados.
Sin duda, existen oportunidades de mejora en los mecanismos de promoción de la inversión privada en infraestructura. Existen proyectos que continúan entrampados en fase de ejecución, otros con ritmos muy lentos de avance, iniciativas privadas que llevan años en proceso de evaluación que derivan en una mayor litigiosidad y demandas de arbitraje contra el Estado peruano. Muchos de estos problemas no dependen de la creación de normas, sino de mejoras en la organización y gestión del Estado en su calidad de concedente.