Hacia finales de los años 90, creamos organismos reguladores de servicios públicos autónomos, que fueran neutros respecto a los tres grupos de interés que normalmente entran en conflicto en este tipo de industrias: los políticos, los inversionistas privados y los consumidores o usuarios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emite periódicamente informes evaluando a nuestros reguladores con recomendaciones que debemos evaluar para modernizarlos.
Hoy, los reguladores tienen un Consejo Directivo de cinco miembros, presidido por uno de ellos, mientras que los otros cuatro normalmente asisten a sesiones cada 15 días. Las principales decisiones administrativas no pasan por estos consejos directivos y las dietas de los consejeros son insignificantes en relación con la responsabilidad asumida. En otros países existen modelos en que la presidencia va rotando entre los miembros del consejo, buscando mayor balance, menos concentración de poder y una mejor gobernanza.
Otra recomendación es mejorar el entendimiento preciso de su rol de árbitro entre el Estado, el sector privado y los usuarios y la necesidad que estén más orientados a la regulación económica. Entendemos que esta recomendación se da por el énfasis que han encontrado en el aspecto del tema usuarios, que desequilibra su funcionamiento, o su excesivo enfoque en el rol de supervisor de obra o de servicios, más que en el de regulador económico.
Sobre la función fiscalizadora, los informes sugieren evaluar el riesgo del incumplimiento y priorizar el fin último de la sanción, que es corregir conductas que generan externalidades negativas. No sancionar por sancionar. También se recomienda la revisión independiente de las sanciones que se imponen, cosa que hoy no sucede en algunos reguladores, fundamentalmente por falta de habilitación presupuestal. No hay doble instancia administrativa independiente.
En el rol regulatorio, se recomienda tener una agenda temprana consensuada y hacer un análisis regulatorio prolijo ex ante y ex post. Regular con buenas intenciones no es suficiente y debe evaluarse cuáles serán los costos y beneficios de cada norma que se impone a los mercados. Hay que reconocer el rol que estos organismos han cumplido en ofrecer un marco institucional adecuado para la inversión en infraestructuras de servicios públicos, pero 31 años después de su creación, necesitamos repensar algunos ajustes, tal como lo hace la OCDE.
Le toca al Congreso de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros asumir el liderazgo en esta materia, no solo por la intención anunciada de ingresar a la OCDE, sino porque la institucionalidad regulatoria es piedra angular para continuar atrayendo esas inversiones que tanta falta nos hacen para cerrar las gigantescas brechas de servicios públicos que tiene nuestro país.
