Escribe: María Antonieta Merino, docente en las universidades del Pacífico y de Lima
Como los seres humanos, los países compiten: compiten para ser receptores de inversiones, para exportar más, para ingresar a nuevos mercados. Para lograrlo, adoptan varias estrategias, pero ninguna es más atractiva que un entorno amigable con el inversionista, el productor y el exportador. ¿Qué hace que un mercado sea atractivo? Un entorno normativo ágil, razonable y dinámico que atienda sus necesidades.
LEA TAMBIÉN: El “Jenga previsional”: retiros de AFP y riesgos de colapso del sistema de pensiones
Los países que conforman la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile y México) compiten entre ellos, pero también compiten en bloque. Por ello, buscan adoptar buenas prácticas regulatorias: procesos que permiten diseñar normas más eficaces, transparentes y menos costosas para la sociedad.
Los estudios sobre sectores estratégicos —como minería, construcción o telecomunicaciones— de la CNEP de Chile han proporcionado evidencia sólida para decisiones de política pública. (Foto: Cristobal Olivares/Bloomberg)
En un taller reciente organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para funcionarios de esta alianza se mostraron dos experiencias que vale la pena destacar. El primero proviene de Colombia y ya lo hemos abordado en una columna anterior. El Concurso de Buenas Prácticas Regulatorias, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tiene cinco años de aplicación exitosa. En su cuarta edición (2024), recibió más de 70 postulaciones de entidades de todos los niveles de gobierno. La edición de este año amplió las categorías, que abarcan desde análisis de impacto normativo hasta simplificación administrativa. Lo notable es que este impulso ocurre sin una ley de mejora regulatoria: se trata de una estrategia basada en creatividad institucional y en el prestigio de ser reconocido por regular mejor, con un efecto multiplicador.
LEA TAMBIÉN: Escasez de talento y alto desempleo: el nudo que frena al Perú
El segundo ejemplo proviene de Chile. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha consolidado un rol técnico en la revisión de regulaciones. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, más de 500 han sido emitidas hasta la fecha y cerca del 30 % ya fueron implementadas. Sus estudios sobre sectores estratégicos —como minería, construcción o telecomunicaciones— han proporcionado evidencia sólida para decisiones de política pública. Es una demostración de que la persistencia técnica puede abrir espacio a cambios regulatorios incluso en contextos políticos complejos. Esta misma entidad publicará esta semana un estudio que emplea la inteligencia artificial para evaluar la carga regulatoria ambiental y su impacto en la inversión.
LEA TAMBIÉN: Inversiones y crisis: mantener la cabeza fría paga más que reaccionar con pánico
Las experiencias de Colombia y Chile muestran que el éxito regulatorio no siempre depende de una ley. A veces basta con la voluntad de innovar, con equipos técnicos que creen en la importancia de regular bien y con instituciones que reconocen públicamente el valor de hacerlo. En un mundo donde los países compiten por mercados, también debería existir una competencia por regular mejor. No se trata de quién impone más trámites o quién dicta normas más extensas, sino de quién crea el entorno más ágil, transparente y predecible para que ciudadanos y empresas puedan desarrollarse. Esa es la competencia que vale la pena alentar, porque de ella depende no solo la competitividad internacional, sino también la confianza de la sociedad en sus instituciones.
