Únete al canal de GestiónEscribe: Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP
Si revisamos la información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 46.9% de la población a nivel mundial cuenta con algún tipo de beneficio de protección social, entendido este como el acceso a salud y pensiones. Se aprecia, igualmente, como es previsible, una relación positiva entre mayor cobertura y mejores ingresos por habitante. Así, mientras el mayor acceso es en Europa y Asia Central con 83.9%, África muestra el menor nivel con 17.4%.
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En América Latina, por su parte, 56.3% de la población cuenta con algún tipo de beneficio y, en el Perú en particular, este acceso es del 29.3%, según la plataforma de protección social de la OIT. No obstante, en el caso de pensiones, la disponibilidad de los fondos en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), como resultado de los seis retiros aprobados entre 2020 y 2022, ha impactado negativamente en la cobertura de pensiones. De esa manera, el SPP pasó de 845 mil afiliados sin ahorros previsionales a marzo de 2020, periodo previo a la autorización del primer retiro, a 2.4 millones de afiliados activos sin fondo de pensiones (saldo cero) al 2023.
Al respecto, debemos precisar que las leyes de retiros de fondos de pensiones van en contra del derecho de los trabajadores a contar con una pensión al momento de la jubilación, contraviniendo las recomendaciones de la OIT, organismo que en 2012 estableció la recomendación 202, con el objetivo de incrementar la cobertura a la seguridad social de manera gradual, para garantizar un acceso básico y universal.
Para poder alcanzar esa meta, a través de esta recomendación, la OIT insta a los países a: 1) establecer y mantener Pisos de Protección Social (PPS) y 2) utilizar los PPS como herramientas para ampliar la cobertura de la seguridad social (acceso a salud y pensiones), posibilitando la incorporación gradual del mayor número de personas posible.
La recomendación 202 se basa en una estrategia que tiene dos dimensiones fundamentales: A) la implementación rápida de los PPS a nivel nacional posibilitará el acceso a una garantía básica y universal de salud y pensiones y B) el incremento progresivo de mejores niveles de cobertura, en cantidad y calidad, según los países vayan alcanzado mayores niveles de crecimiento económico.
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Es evidente que para ello se necesita contar con el presupuesto necesario. Y en el caso del Perú, como en otros países de Latinoamérica, se requiere utilizar esos escasos recursos de manera eficiente, sin seguir desprotegiendo a grupos significativos de la población.
En nuestro país, no se ha avanzado en fomentar el acceso de la población a un sistema de pensiones, inclusivo y solidario. Es más, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al 2023, 6 de cada 10 trabajadores no tiene cobertura previsional, situación que se agudiza al observar que el 85% con ingresos más bajos no tiene derecho a pensión.
Por ello, es vital que el acceso a la pensión garantizada, como PPS, sea el primer componente de una reforma de pensiones gradual y sostenible a largo plazo. El costo de esta garantía sería del 0.2% del PBI, según estimaciones de la Asociación de AFP, mientras que la propuesta integral, basada en Cuentas de Individuales de Capitalización (CIC), significaría un ahorro estatal proyectado de 3.12% del PBI al 2100.
En suma, debemos destacar la importancia del acceso a las pensiones, en el sentido de lo que estipula la OIT, de que garantizar la seguridad social no solo es una fuente de bienestar para los trabajadores y sus familias, sino que contribuye decididamente a mejorar la productividad y el desarrollo económico de los países.
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