Escribe: Silvana Arias, abogada Asociada en Petra Legal
El Real Madrid C.F. informó que, el 21 de junio pasado, cinco aficionados fueron condenados por delitos de odio tras dirigir insultos racistas contra Vinicius Jr. en un partido contra el Real Valladolid el 30 de diciembre del 2022. Esta sentencia representa un hito en la lucha contra la discriminación en el deporte, siendo una de las primeras condenas firmes en España en este contexto. El club no solo respaldó a su jugador, sino que ejerció la acusación particular.
LEA TAMBIÉN: Proyectos de infraestructura: ¿Qué es la deuda contingente y qué riesgos implica?
Las sanciones incluyen un año de prisión con suspensión condicional, multas entre €1,080 y €1,620 (entre US$ 1,271 y US$ 1,907), prohibición de acercarse a menos de 1,000 metros del jugador y de asistir a partidos oficiales por tres años.
LEA TAMBIÉN: Estado empresario y las viejas recetas que ya fracasaron
En otro caso, el 26 de enero del 2023, cuatro miembros del grupo Frente Atlético colgaron una muñeca con la camiseta de Vinicius Jr. simulando su ahorcamiento en un puente cercano a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, junto a una pancarta ofensiva. Uno de ellos difundió el acto en redes sociales. El 16 de junio último, los implicados fueron condenados a penas de hasta 22 meses de prisión por delitos de odio y amenazas, tras reconocer los hechos y pedir disculpas. El club también ejerció la acusación particular.
LEA TAMBIÉN: América Latina: marginalidad y división
¿Y si esto ocurriera en Perú?
El delito principal en España fue el de odio, según el artículo 510 del Código Penal. En Perú, no existe una figura legal denominada “delito de odio”, lo que limita la capacidad de respuesta frente a conductas discriminatorias graves. El artículo 323 del Código Penal peruano sanciona actos de discriminación por motivos raciales, religiosos o sexuales, con penas de hasta tres años. Sin embargo, no contempla agravantes cuando los hechos se cometen en espacios públicos, con violencia o mediante redes sociales, lo que evidencia la necesidad de una reforma legislativa integral.
LEA TAMBIÉN: Petróleo subió, pero no asustó: ¿Qué nos dice sobre la actividad económica y los activos globales?
Además, la Ley N.º 30096 – Ley de Delitos Informáticos podría aplicarse si se utilizan redes sociales para propagar discursos de odio. La difusión masiva de este tipo de contenido intensifica su impacto social y emocional, y puede normalizar la discriminación.
LEA TAMBIÉN: Una oportunidad, un reglamento eléctrico pensando en los peruanos
En resumen, en Perú hechos similares podrían ser perseguidos penalmente, pero con limitaciones legales. Es urgente reconocer los delitos de odio como una figura específica, incorporar agravantes, y fortalecer al sistema penal para sancionar de forma eficaz estas conductas. Este caso nos recuerda que el racismo debe enfrentarse con decisión institucional, tanto en el deporte como en la sociedad.
