¿Qué tanto se puede hacer para frenar la inflación?

Aunque se trata de un shock transitorio, el repunte inflacionario continúa sumiendo en la angustia a un gran segmento de la población. Este fenómeno no es ajeno a otros países de la región que enfrentan el incremento de las cotizaciones internacionales de las materias primas que importan, situación que no ocurría en esta magnitud desde 2017.

La inflación anualizada hasta el mes de julio fue de 9% en Brasil, 5.8% en México, 4.5% en Chile, 4% en Colombia y 3.8% en el Perú. Ante esta situación, los bancos centrales de la región han incrementado sus tasas de interés de referencia con la finalidad de anclar las expectativas inflacionarias. No obstante, la elevada depreciación en nuestro país es un agravante doméstico, siendo la raíz del problema la incertidumbre política y las señales contradictorias que emite el nuevo Gobierno y que no se han logrado zanjar.

El incremento de los precios es hoy un fenómeno generalizado a nivel global. Esto se debe a que el levantamiento de las restricciones impuestas para el control de la pandemia ha liberado una suerte de “demanda contenida” de los consumidores y que se han triplicado los fletes marítimos internacionales en los últimos 6 meses. Esto ha generado incrementos significativos en las cotizaciones de bienes, como el trigo (18.4%), el maíz (28.5%) y el aceite de soya (51.6%) durante los últimos 12 meses. Esto, a su vez, ha encarecido los costos de producción de alimentos como el pan, fideos, carne de pollo y aceite vegetal, incrementos que han sido parcialmente trasladados al consumidor final.

La excepción ha sido el caso del tarro de leche evaporada, cuyo precio se ha mantenido inalterado pese a que la industria láctea ha registrado un aumento en el costo de sus insumos importados por más del 10%. Por su parte, se ha registrado un fuerte incremento en los precios de los combustibles, como es el caso del gas licuado de petróleo (54%), elevando su costo de oportunidad e incrementando los incentivos de los productores para orientar sus ventas hacia el mercado externo.

Existe amplia evidencia empírica que muestra un fuerte vínculo entre los precios domésticos y el valor de las monedas en América Latina, por lo que las devaluaciones se traducen casi de inmediato en una mayor inflación. Según estimaciones del pass-through para diversos países de la región, Bolivia tiene la tasa más elevada con 1%, vale decir que la depreciación del boliviano se traslada enteramente a la inflación. Por su parte, el Perú tiene el pass-through más bajo de la región con 0.1%, y el resto de los países de la región muestran tasas intermedias, como México (0.8%), Colombia (0.3%) y Chile (0.2%). La magnitud de este traslado de precios varía en función del crecimiento de la oferta monetaria, la volatilidad de las tasas de interés y las tasas de inflación, tres variables cruciales de la política monetaria.

Observando la tendencia en el valor de las monedas en los últimos 12 meses, la segunda moneda más depreciada en la región ha sido el sol (14%), solo por debajo del peso argentino (32%), mientras que el resto de las monedas registraron variaciones mucho menores. Considerando la magnitud del pass-through nacional, la depreciación del sol estaría explicando alrededor del 40% de la inflación registrada en el año. En ese sentido, quitando el efecto cambiario, la tasa de inflación en el Perú se encontraría dentro del rango meta establecido por el instituto emisor.

Más allá de la respuesta de política monetaria adoptada por el Banco Central de Reserva, el Gobierno ha anunciado un amplio abanico de medidas que van desde una mayor fiscalización de Indecopi buscando sancionar eventuales abusos de poder de dominio o prácticas no competitivas hasta una mayor difusión de los precios de los productos más sensibles de la canasta básica. Estas medidas debieran tener un efecto disuasivo en el caso de ciertos comercializadores. Por su parte, si bien el MEF ha descartado la aplicación de controles de precios con los efectos perniciosos conocidos por todos, su tarea será convencer al resto del Ejecutivo y a la bancada oficialista en el Parlamento de la inconveniencia de insistir con este tipo de medidas.

Se evalúa también la extensión de subsidios públicos a través de fondos de estabilización, en el caso del precio de los combustibles, para complementar el apoyo a las familias vulnerables con el pago del bono Yapanay a las familias más vulnerables y el reforzamiento de la capacidad de atención de los comedores populares. Sin embargo, la necesidad de empezar la consolidación de las cuentas públicas y la incertidumbre sobre la temporalidad del repunte inflacionario necesariamente tendrá que imponer un límite al otorgamiento de subsidios adicionales y mantenerlos lo más focalizados posible.

Mientras se estabilizan los mercados internacionales, lo que sin duda ayudaría a frenar las presiones sobre los precios serían mensajes más claros y consistentes al interior del Gobierno que despejen la incertidumbre sobre los planes refundacionales que aún se tienen sobre la continuidad del modelo económico. La deliberada omisión sobre una eventual Asamblea Constituyente en el discurso de investidura del Premier no frenará la salida de capitales al exterior, la que supera US$ 15,000 millones desde las elecciones. El riesgo cambiario podría amainarse si se dejan los mensajes disruptivos de lado y esto ciertamente beneficiaría a los peruanos más necesitados.