¿Qué podemos esperar de la misión de observación de la OEA?

Por lo visto durante esta semana, la misión se reunió con una serie de actores claves que incluyen a los tres poderes del Estado, políticos y sociedad civil. Como resultado de esta visita, se entregará un informe de carácter no vinculante con recomendaciones que corresponde al Estado peruano implementar o no. Con frecuencia, este tipo de misiones son motivadas en respuestas a amenazas provenientes desde el Ejecutivo, considerando el tipo de quiebres democráticos del pasado. Sin embargo, el espíritu de la misión actual fue a solicitud del presidente Pedro Castillo en el marco de la Carta Democrática Interamericana (CDI). Como toda cláusula de esta naturaleza democrática, es una disposición (o conjunto de disposiciones) que supedita la admisión, participación o permanencia en determinadas organizaciones, y/o el mantenimiento de las relaciones diplomáticas, económicas o de cooperación entre las partes signatarias mientras mantengan un sistema democrático de gobierno.

En el caso peruano, y en vista de la turbulenta situación, no cabría la activación de la carta, más sí un llamado a repensar cómo enfrentamos la inestabilidad política de los últimos meses. En el marco de una serie de mociones de vacancia infructuosas, incluso se presentó una acusación sin sustento legal de traición a la patria contra Castillo Terrones por unas opiniones vertidas en el marco de una entrevista. Cabe señalar que, bajo el ordenamiento jurídico actual, un presidente en funciones solamente pierde inmunidad bajo un puñado de causales contenidas en el nunca tan invocado artículo 117 de la Constitución. Ninguna de ellas se ha cumplido hasta el momento. A la par, las investigaciones fiscales en contra del presidente Pedro Castillo por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada prosiguen. Una serie de escándalos al que ya nos tiene – tristemente – acostumbrados la política peruana involucran al presidente, su círculo cercano y colaboradores en actos de corrupción en todas sus modalidades. Esto sumado a la fuga de talentos altamente especializados en el Estado peruano hacia otros sectores debido a las condiciones actuales dentro de la administración pública.

Sin embargo, el necesario contrapeso en medio de esta situación no parece llegar de las manos del Legislativo. Un Congreso bastante deslegitimado supera en desaprobación ciudadana al mismo presidente. En cierta medida, muchas de las debilidades de diseño y funcionamiento del sistema se deben a la falta de implementación de reformas propuestas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Por un lado, la influencia de intereses y dinero ilícito no es novedad. Cada campaña electoral vemos un despliegue de publicidad, actividades y dádivas de origen dudoso. Por ejemplo, solo el 62% de los candidatos al Congreso en 2021 presentaron información financiera a tiempo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, mientras que el 24% lo hizo fuera del plazo, y el 14% restante nunca presentó información alguna. Estas irregularidades son constantes. En las elecciones del 2016, poco más de la mitad rindió cuentas dentro del plazo legal (ONPE, 2022). Cabe preguntarse, entonces, quién fiscaliza a los fiscalizadores. Y con esa respuesta entender por qué las fórmulas propuestas hasta el momento, desde el Legislativo, carecen de legitimidad entre la población. ¿Cómo conducir una causa anti-corrupción cuando proviene de un sistema que tiene todos los incentivos para continuar operando de esa manera?

Una lección clave para entender cómo combatirla proviene de la economía: los costos de ser atrapado, y posteriormente, sancionado, debe superar los beneficios de salirse con la suya. Lograr que la impunidad se rompa para abrir paso a la sanción efectiva es vital para evitar que las personas se vuelvan cínicas frente al aprovechamiento, particularismo y discrecionalidad en diversos actos y comportamientos dentro de los gobiernos, como en la vida cotidiana. La necesidad de “freír peces gordos” es pieza clave. Para ilustrar este punto, el enjuiciamiento de políticos en Hong Kong, Singapur y Corea del Sur demostró ser una estrategia exitosa. El caso mexicano evidencia que cuando falla uno de los pasos de un sistema eficiente de rendición de cuentas, es decir, el monitoreo, la investigación fiscal, o las sanciones, la sensación de impunidad se incrementa (Morris 2008). Sin resultados, o debido a la dilatación de estos, la lucha contra la corrupción no solo es ineficaz sino contraproducente. Termina generando la sensación de que, pese a los destapes, la corrupción sigue siendo la regla y no la excepción. De ser hallado culpable, el presidente Castillo se uniría a una larga fila de jefes de Estado, que en los últimos años, dejaron el cargo por delitos de corrupción en países tan diversos como Islandia, Kirguistán, Brasil, Montenegro, Corea del Sur, Pakistán, Zimbabue, Sudáfrica, Eslovaquia y las Islas Mauricio.

¿Hacia dónde avanzar dentro del marco institucional y legal actual? ¿Qué incentivos tienen el Legislativo y el Ejecutivo para encontrar las salidas? Esto también pasa por un análisis de costos y beneficios. Todo parece indicar que están más enfocados en no perder sus prerrogativas y dilatar la solución.