¿Qué busca Perú Libre en Petroperú?

Analizando las decisiones que se han venido tomando en torno a Petroperú las últimas semanas definitivamente me salta a la cabeza una pregunta: ¿qué busca Perú Libre en Petroperú?

La razón de ser del Estado es proteger nuestros derechos y garantizar el acceso a los servicios públicos. Su rol no es ser empresario. Sin embargo, por la presión que el Estado y Vladimir Cerrón vienen ejerciendo en la empresa estatal y en el sector hidrocarburos, nos debe quedar claro que existe un objetivo más allá de apoyar a Petroperú en su crisis. Quieren ejercer un rol empresario.

Hoy Petroperú no tiene espalda financiera y su mejor recurso humano ha renunciado yéndose con ellos el conocimiento de cómo operarla y dejando miles de problemas de gestión. A pesar de ello, el Gobierno le acaba de dar un préstamo de US$ 750 millones, levantando una alerta para todos los que tenemos memoria y conocemos el estado actual de la empresa.

La experiencia del Estado como empresario no ha sido positiva. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) entre 1970 y 1990 las pérdidas acumuladas de las empresas estatales ascendieron a US$ 7,100 millones aproximadamente. Este déficit se tuvo que financiar con un préstamo del BCR lo que fue una de las causas de la hiperinflación de fines de los 80.

Hoy nuevamente el Gobierno está subsidiando, con la plata de todos los peruanos, a una empresa estatal ineficiente, cuando debería estar enfocado en reducir la pobreza, el cual es su deber y debería ser su prioridad.

El artículo 60 de la Constitución establece claramente el marco de acción en el cual se debe desenvolver el Estado, cuando se trata del rol subsidiario: “Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal”.

No soy constitucionalista, pero conozco la carta magna y su aplicación y, claramente, con este préstamo Petroperú no está recibiendo el mismo tratamiento que sus competidores privados.

Si se trata de mayores evidencias que nos hagan ver qué hay detrás de las decisiones políticas, el actual Ministro de Energía y Minas está insistiendo en desconocer a Altamesa, empresa canadiense con la que se firmó acuerdos a fin de ser el socio estratégico en la explotación del lote 192, demostrando una clara injerencia política. Según la Ley 30357 del 2015 Petroperú debe tomar el lote, solo o con un socio. La realidad financiera de Petroperú te indica que no puede ir solo, ya que la operación no se sostendría, pero eso al ministro parece no importarle, yendo en contra del análisis realizado por el actual presidente del Directorio y por el propio MEF.

En este caso específico la ideología de un partido político está ganando a la razón y a la realidad, lo que impactará incuestionablemente en la economía de todos los peruanos y, lamentablemente, al señor Castillo parece no importarle.