Escribe: Galantino Gallo, gerente general de Prima AFP
No nos estamos haciendo más jóvenes. De hecho, sobre todo cuando hablamos de nuestra población, ocurre todo lo contrario. Para el 2050, por ejemplo, el INEI prevé que uno de cada cinco ciudadanos en el Perú será un adulto mayor y que, para ese año, el porcentaje de personas mayores de 80 se duplicará. Un fenómeno que experimentan (y experimentarán) la mayoría de los países, con el avance de la tecnología sanitaria y, por ende, de la expectativa de vida.
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Hoy, con 70% de los peruanos fuera del sistema de pensiones y con nueve de cada 10 participantes con el riesgo de quedarse sin un sol en sus cuentas, por el efecto de los retiros, la carga de esta realidad está destinada a caer sobre los jóvenes del mañana. Ellos, con su trabajo del día a día, deberán sostener a una porción de la ciudadanía que, bajo las circunstancias, está quedando desprotegida. No es un escenario justo para los primeros, ni tampoco para los segundos.
Frente a esta situación, previsible desde hace muchos años, la urgencia de una reforma del sistema se cae de madura. Ninguna ley tiene la capacidad de permanecer inmune al paso del tiempo, al cambio de las circunstancias y a los rigores que impone la realidad. Y es responsabilidad de nuestras autoridades evaluar la vigencia de estas leyes con cierta frecuencia para asegurar lo más básico: que cumplan su fin. En ese sentido, nuestro régimen previsional desde hace algún tiempo requería una actualización.
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Un aportante a una AFP, como se sabe, construye su pensión, no solo en base al dinero con el que alimenta su fondo mes a mes, sino también con la rentabilidad que obtiene de la inversión de ese ahorro. El resultado, para una persona que ha aportado durante toda su vida laboral y que no ha interrumpido el crecimiento de su fondo con retiros, es una pensión que le permitirá sostener una vejez cómoda y tranquila. El problema reside en que hoy solo una minoría mantiene un fondo de pensiones, en que muchos no logran ser consistentes con sus aportes, en que no se ofrece incentivos para fomentar ambas cosas y en que el fin previsional del sistema se ha diluido en retiros “extraordinarios” y en leyes como la que estableció el 95.5.
Este año, nuestro Congreso, con todas sus falencias, ha logrado aprobar una ley que se propone reformar el sistema de pensiones y empezar a abordar algunos de sus problemas. No se trata de una norma que resuelva todos los problemas pendientes, pero sí de un buen primer paso en el camino correcto. Esta, por ejemplo, dispone el establecimiento de una pensión mínima, un ingrediente que le da al afiliado una ventaja que el régimen actual no les da y que servirán de incentivo para que más jóvenes se animen a participar del sistema.
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La norma también abre las puertas a mayor competencia en el sector, un cambio que, en definitiva, obligará a todas las empresas que administren fondos de pensiones a ofrecer mejores servicios en su pugna por la preferencia de los usuarios. Asimismo, se les dará a los ciudadanos más opciones, con lo que tendrán la oportunidad de elegir una administradora a partir de sus objetivos y necesidades. Y a esto se suma el establecimiento de comisiones basadas en la productividad de los fondos, algo que los usuarios venían exigiendo desde hace mucho.
Pero, como decía, este es solo un primer paso de varios que hay que tomar, uno que, felizmente, empieza a dar solución a muchos componentes del sistema que demandaban atención. Pero no podemos detenernos. Ahora toca poner el foco en lo que sigue y debemos empezar por medidas que permitan la inclusión de más peruanos en el sistema formal y, en esa línea, al sistema previsional.
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