Escribe: Galantino Gallo, CEO de Prima AFP.
En los últimos años, la sostenibilidad, reflejada en los factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), ha cobrado mayor relevancia en el sector privado. Por ejemplo, según el estudio “Sustainability in the Spotlight” del Diligent Institute del 2024, el 96% de los directores de empresas en Estados Unidos y Europa prevén mantener o intensificar su enfoque en ASG en los próximos cinco años. Además, según un estudio de Bloomberg, que revisa las transcripciones de presentaciones financieras hechas por las 100 empresas más grandes de Europa y Estados Unidos, solo en el primer trimestre de este año, el tema del cambio climático se mencionó 699 veces y el de la diversidad, 169.
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Hoy, las empresas no solo entienden la importancia ética de impactar positivamente en el entorno en el que se desempeñan, sino que también reconocen el valor que se deriva en sus retornos económicos. Una realidad de la que los inversionistas institucionales, como las administradoras de fondos de pensiones, son especialmente conscientes.
Sin embargo, así como la trascendencia de los factores ASG ha permeado el ‘mindset’ empresarial, la resistencia política a estos, sobre todo en Estados Unidos, también ha ido en aumento. En ese sentido, desde algunos sectores se sostiene que la promoción de la sostenibilidad, específicamente en torno a temas como la protección del medioambiente y la diversidad, distrae a las empresas de su foco principal: generar ingresos. Y eso, sumado al reajuste de las prioridades en algunos países por la guerra en Ucrania y su efecto en la economía y en la seguridad, ha tenido un impacto en el influjo de recursos a objetivos sostenibles. Así, mientras en el 2021 el flujo de fondos sostenibles superó los US$ 160 mil millones en el cuarto trimestre, en el primer trimestre de este año no alcanzó los US$ 20 mil millones.
Frente a esta situación, conviene recordar el valor de las inversiones con criterios ASG.
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En primer lugar, la esencia de la sostenibilidad y de la implementación de los factores ASG es el hecho de que las empresas privadas tienen la capacidad de tener un impacto positivo en los países donde desarrollan sus actividades y que no la deben desaprovechar. Las empresas del sector financiero, por ejemplo, pueden incidir en la difusión de la educación financiera o en la promoción de empresas con prácticas amigables con el medioambiente a través de inversión y financiamiento. Además, el sector privado puede aportar mucho a través de programas como las obras por impuestos o contribuir a la inclusión con prácticas de contratación basadas en el talento y la igualdad de oportunidades, sin sesgos. Entre otras acciones que, en todos los casos, favorecen la construcción de un mejor país.
Las políticas de sostenibilidad, en consecuencia, refuerzan el hecho de que el Estado no tiene el monopolio de la construcción de bienestar en la sociedad.
En segundo lugar, la proliferación de las políticas de ASG abre una discusión positiva sobre la capacidad del sector privado para autorregularse y para llenar espacios que el público no llega a cubrir. Sobre todo, en un contexto donde son los mismos consumidores los que reclaman cada vez más compromiso de parte de las compañías con las que interactúan. Es evidente que todavía hay mucho por avanzar en este aspecto y mucho que trabajar, por ejemplo, alrededor de la divulgación transparente de resultados en sostenibilidad, pero es claro que este es el camino correcto.
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En tercer lugar, y quizá lo más importante: existe una relación entre la apuesta por la sostenibilidad y la obtención de mejores resultados para las empresas. Según un estudio del Center for Sustainable Business de NYU Stern School of Business, por ejemplo, las inversiones basadas en los criterios ASG suponen mejores retornos en el largo plazo. Además, se halló que las empresas sostenibles demuestran mayor resiliencia ante situaciones económicas adversas (como la del covid-19) y mayor innovación. Todos factores que no solo fortalecen el negocio per se, sino que las hace aún más atractivas para los inversionistas y –como mencioné antes– para un consumidor cada vez más exigente.
En suma, existen muchas razones para defender las políticas de sostenibilidad que mantienen y promueven muchas empresas en el mundo. Son claves para consolidar una relación saludable entre el sector privado y la sociedad en general y vale la pena que nos preocupemos por preservarlas y protegerlas de la politización. No solo es lo correcto, sino lo rentable.
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