El Perú tendrá un presupuesto de S/266,506 millones en el 2027, casi S/9,000 millones más que el presupuesto inicial de este año. Es una cifra importante, pero también una oportunidad para volver a una discusión que muchas veces queda relegada cuando se debate el presupuesto: tan importante como cuánto gastamos es cuánto logramos ejecutar bien.
El propio ministro de Economía, Elmer Cuba, puso recientemente una cifra preocupante sobre la mesa. Al hablar de inversión pública señaló que “casi el 45% de esa inversión no se termina nunca”, en referencia a carreteras, escuelas y comisarías abandonadas o a medio hacer. Perú destina alrededor del 5% del PBI a inversión pública, pero, según explicó, debido a esas ineficiencias es como si finalmente invirtiéramos apenas tres puntos.
Perú destina alrededor del 5% del PBI a inversión pública, pero, según explicó, debido a esas ineficiencias es como si finalmente invirtiéramos apenas tres puntos. (Foto Andina)
El Presupuesto 2027 tendrá, además, una particularidad. Cerca de S/100,000 millones estarán asignados a gobiernos regionales y locales: S/58,672 millones a los primeros y S/41,221 millones a los segundos. Y el próximo 1 de enero asumirán nuevas autoridades en ambos niveles de gobierno.
Ahí aparece un riesgo que conocemos. Cada cambio de gestión supone transferencias, conformación de nuevos equipos, revisión de prioridades y decisiones sobre proyectos que vienen de la administración anterior. Precisamente por ello, la Contraloría ha dispuesto anticipar el proceso de transferencia. La continuidad de la inversión debería ser una prioridad desde el primer día.
Hay razones para prestarle especial atención. Al 6 de agosto, los gobiernos locales habían ejecutado solo el 36.5% de los S/30,667 millones disponibles para proyectos de inversión este año. En el 2027, cuando nuevas administraciones empiecen a gestionar municipios y regiones, el desafío será evitar que la transición se convierta en un freno adicional.
El Congreso tendrá ahora la tarea de discutir el Presupuesto 2027. Vendrán pedidos para aumentar partidas, reasignar recursos y atender nuevas demandas. Es parte del debate. Pero la discusión debería incorporar con la misma intensidad otra pregunta: ¿qué estamos haciendo para garantizar que cada sol asignado termine convirtiéndose en mejores servicios e infraestructura?.
El tamaño del presupuesto importa. La calidad del gasto, mucho más. Una carretera a medio construir, un colegio paralizado o una comisaría inconclusa pueden aparecer como inversión ejecutada durante algún momento del proceso, pero difícilmente representan bienestar para el ciudadano.
Aprobar S/266 mil millones será solo el comienzo. El verdadero reto empieza después de aprobarlo.
Víctor Melgarejo
