Escribe: Elena Conterno, especialista en políticas públicas
El periodo 2004 – 2019 fue transformador para el Perú: el PBI se cuadruplicó y la pobreza se redujo a una tercera parte. ¿Qué impulsó esta transformación? Según el informe Resurgir Fortalecidos del Banco Mundial, el 85% de la reducción de la pobreza en ese periodo se debió al crecimiento económico, mientras que solo el 15% respondió a una mejor redistribución. Es decir, fue más efecto de las empresas invirtiendo y generando empleo lo que sacó a los peruanos de la pobreza, que de las políticas para mejorar el acceso a servicios básicos y las transferencias directas. En la misma línea, en su libro sobre la economía peruana del siglo XXI, Waldo Mendoza destaca que el modelo basado en inversión privada y apertura comercial fue el verdadero motor de la movilidad social ascendente en el país.
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La agroindustria es quizá el mejor ejemplo de cómo la inversión privada lleva bienestar a las familias. Como documenta Gabriel Amaro, este sector se ha convertido en el programa social más exitoso del Perú. Su principal impulsor fue la Ley de Promoción Agraria (hoy derogada), que permitió generar más de 1.5 millones de empleos formales y llevó desarrollo a zonas rurales donde antes predominaba la pobreza, reduciéndola del 81% al 30%. Gracias a ello, muchas familias mejoraron sus ingresos y, con ellos, su bienestar. Por eso se le considera un programa social muy exitoso: la inversión privada genera empleos que se traducen en ingresos para las familias, con los cuales compran alimentos, vivienda y equipos, así como también mejor educación y salud.
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Confiaba antes en que el aumento de la recaudación fiscal se reflejaría en mejores servicios públicos. Sin embargo, la degradación de la política y la salida de funcionarios competentes del Estado –motivada por el deterioro de las autoridades y la persecución miope de la Contraloría y la Fiscalía– han impedido que estos recursos adicionales se traduzcan en mejoras reales. Así, a pesar de contar con más dinero que nunca, los servicios públicos no mejoran y en el corto plazo no hay esperanza de que lo harán. Lamentablemente, los recursos públicos adicionales se han venido destinando a engrosar planillas públicas y engrasar sistemas de corrupción. En otras palabras, una mayor recaudación no garantiza un mayor bienestar.
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En este escenario, se viene debatiendo la exoneración del impuesto a la renta para la zona económica aledaña al puerto de Chancay. La principal crítica parte de un supuesto erróneo: que se estaría dejando de recaudar ingresos que ya existen. Esto no es cierto. Las actividades económicas aún no han surgido –ni tampoco los impuestos por las mismas–, y la exoneración busca precisamente atraer inversiones que generen empleo, desarrollo local y dinamización económica. Si se logra, los beneficios económicos y sociales serán significativos, aunque no necesariamente a través de una recaudación inmediata por impuesto a la renta.
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La historia pasada cuestiona la idea de que el bienestar se logra cobrando más impuestos y canalizándolos a través del Estado; peor en el contexto actual de degradación política e ineficiencia gubernamental. Postulo que hoy más impacto tiene el dinero invertido por el sector privado en ampliar capacidades productivas, ya que ello genera empleo que lleva ingresos a las familias, y con estos recursos las familias pueden atender sus necesidades, incluyendo educación y salud de calidad.
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Por ello, deberíamos avanzar con la exoneración del impuesto a la renta para la zona económica de Chancay y reinstaurar una tasa del 15% para el agro. Deberíamos evaluar también la posibilidad de exonerar del impuesto a la renta a las utilidades que se reinvierten en otros sectores económicos.
Hoy, en el Perú, para impulsar el desarrollo y brindar bienestar, confío más en la inversión privada que en el gasto público. A pesar de sus desafíos, el sector privado resulta más eficiente que el Estado para llevar bienestar a las familias.
