Políticas Públicas Emprobrecedoras: el “Efecto Castillo”

La calidad de un gobierno puede medirse en función de su capacidad de aumentar (o reducir) el bienestar de los ciudadanos del país. Usualmente, el impacto económico de las políticas públicas se expresa en indicadores macroeconómicos como la tasa de crecimiento del PBI, el cambio en el nivel de pobreza de la población, o el cambio en la inversión privada. Menos publicitado, pero igualmente real y actual, es el impacto de las decisiones públicas sobre el valor patrimonial de las empresas o propiedades de los ciudadanos: vale decir, cuánto cambia la riqueza actual de las empresas y familias peruanas debido a la gestión gubernamental. Este criterio permite distinguir, de manera tangible y concreta, entre políticas públicas “enriquecedoras” y “empobrecedoras”.

El cambio en el valor patrimonial de las empresas debido a cambios en la gestión pública usualmente se refleja en el indicador “riesgo país”, ampliamente utilizado en la industria financiera, que mide la diferencia entre el rendimiento de un título de deuda sin riesgo y el rendimiento exigido por el mercado para una obligación de un país determinado https://www.ipe.org.pe/portal/riesgo-pais/. Esa diferencia debe reflejar el riesgo específico de cada país y se agrega a la tasa de descuento aplicada para calcular el valor actual neto del flujo de fondos futuros del negocio. Desde hace más de 15 años el Perú ha venido mostrando consistentemente indicadores de riesgo país mejores al promedio de América Latina, incluso por encima de Chile en ciertos momentos. Sin embargo, si comparamos el EMBIG Perú antes de las elecciones (132 puntos básicos en enero 2021) con el posterior al mensaje presidencial de 28 de julio último (183 puntos básicos en agosto 2021), observamos un incremento de 39%, casi completamente atribuible a las políticas públicas promovidas por el actual Ejecutivo (no hay otro evento en estos meses que explique, razonablemente, esta variación). Ver (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01129XM/html)

En términos prácticos, esto significa una importante pérdida de valor empresarial. Supongamos que el retorno exigido para una inversión en una empresa peruana a 7 años es 12% (WACC). Si a ello se le suma el riesgo país de agosto 2021, el valor de la empresa es casi 5% menor que en enero pasado: vale decir, una empresa valorizada en 100 millones de soles en enero de 2021 hoy se vende a 95 millones, independientemente de sus fundamentos y sin considerar probables ajustes adicionales por tamaño, liquidez, sector u otras consideraciones específicas. Esta pérdida de valor es enteramente atribuible al mayor riesgo país, originado por el cambio de políticas públicas promovido por este gobierno.

Por el lado de las familias la situación no es muy distinta. La riqueza de las familias usualmente está compuesta por 3 rubros: dinero líquido, inversiones financieras (acciones y bonos) y propiedad inmobiliaria. Muchas familias han convertido sus ahorros líquidos a moneda extranjera, remitiéndolos al exterior, para protegerse de la devaluación cambiaria y de un eventual “corralito” (restricciones a la libre disponibilidad de moneda extranjera), temores generados por la oferta electoral del gobierno en funciones. La devaluación del sol frente al dólar entre el 31.03.21 (antes de la primera vuelta electoral) y el 26.11.21, ha sido casi 8% (parte de ello es, probablemente, atribuible a la política monetaria de la Reserva Federal americana). Según el Presidente del BCR, entre enero y agosto 2021 la salida de capitales peruanos al exterior suma 13,000 millones de dólares, y es probable que esa cifra continúe aumentando.

La desvalorización de las inversiones financieras de las familias peruanas es aún más dramática. Por ejemplo, la cotización de Credicorp en la NYSE ha caído 35% entre la primera vuelta y el 30 de julio de 2021 (al día siguiente del discurso presidencial). El caso de Hoshchild Mining es casi inverosímil: la cotización de la acción en la LSE cayó 28% … en un solo día¡, luego del anuncio de la Primera Ministra sobre el cierre de minas en el Perú. Invencible ejemplo de destrucción de valor originada por una acción gubernamental equivocada.

La riqueza inmobiliaria, por lo general ilíquida y por ello más expuesta a las fluctuaciones de valor, también ha caído. Si bien no hay estimaciones oficiales sobre el cambio en el precio de venta de los inmuebles, es posible aproximarnos a este valor a través del cambio en los alquileres, asumiendo una correlación cercana entre ambos valores. De acuerdo con el BCR, el alquiler promedio por m2 en los principales distritos de Lima ha pasado de $94 en el IT 2021 (fecha en la que los efectos de la pandemia deben estar ya internalizados) a $85 en el IIIT 2021, una caída de casi 10% (Notas de Estudios BCRP, No 77, noviembre 2021). Esto indicaría que, en promedio, los vendedores están aceptando ahora un descuento de 10% sobre el precio de venta de lista.

Es difícil extender este cálculo al universo del patrimonio empresarial y familiar peruano, pues no se tiene información disponible suficiente, pero la conclusión no debiera variar. La riqueza de las familias y empresas peruanas ha decrecido de manera sensible, debido a las políticas públicas empobrecedoras promovidas por este gobierno, y es probable que esta tendencia continúe. A contrapelo de la postura del señor Ministro de Economía, esta desvalorización patrimonial no sólo afecta a los propietarios de autos de lujo, sino a todas las familias y negocios peruanos, independientemente del tamaño de su patrimonio. Ni siquiera se trata de una redistribución de la riqueza de peruanos “ricos” hacia peruanos “pobres”. Se trata, simplemente, de una pérdida de riqueza que todos los peruanos estamos encajando. Eso es lo que nos viene “costando” hasta ahora este gobierno.