Política laboral: tanto va el cántaro a la fuente...

La realidad laboral del país es una de las peores de la región. No solo presenta un exceso de relaciones informales de trabajo, sino que en la parte formal presenta problemas de eficiencia, al tener elevados costos del término de la relación laboral, entre otros. Además, el sistema genera un elevado número de trabajadores independientes, que no tienen ningún mecanismo de protección laboral y social como tales.

Esta realidad es resultado directo de un pobre diseño del funcionamiento de los mercados laborales. La mejor situación de un trabajador es el pleno empleo. Allí, los salarios reales suben, el poder de negociación se equipara y las empresas más productivas van desplazando a las menos productivas (además de otros mecanismos).

El buen funcionamiento de una economía de mercado (bienes y servicios) requiere también de mercados laborales flexibles, con todos los derechos de los trabajadores, pero que se puedan adaptar al dinamismo de la economía.

Por si fuera poco, en los últimos dos años el mercado laboral ha estado bajo una fuerte presión por la recesión del 2020 y la recuperación parcial de las actividades intensivas en mano de obra y en contactos, durante el 2021. Luego de dos años, los niveles de empleo privado total (formal e informal) se han recuperado, pero con una reducción de los salarios reales para acomodar el mayor empleo, un aumento del desempleo y un aumento en la población en edad de trabajar que no participa en la fuerza laboral.

Una nueva calamidad está por ocurrir en el mercado laboral peruano, que afectará a la gran mayoría de trabajadores del país, en particular a los que tienen menos educación, a los más pobres y a los más jóvenes. Afectará también a las empresas más pequeñas y a las grandes y medianas intensivas en mano de obra. Afectará también al sector más moderno, formal y competitivo del país, al encarecer la contratación de nuevos trabajadores y desequilibrar las relaciones laborales.

Está por ocurrir un enorme retroceso que será un lastre durante varios gobiernos. Se creará una casta de trabajadores mejor calificados que sus pares, quedando estos últimos en la informalidad más desamparada. Se estará cerrando más la puerta para el tránsito a la formalización laboral.

En estos meses, un grupo pequeño de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, haciendo un (des)honor a la segunda parte del nombre de la institución donde trabajan, ha elaborado un proyecto de nuevo código laboral. Proceso a puerta cerrada, de espaldas al diálogo con trabajadores y empleadores. Tanto así que el mismo director general de la OIT ha llamado la atención al MTPE por el proceso.

Se busca reducir los contratos temporales, los contratos de práctica, los topes de indemnizaciones, restringir la tercerización laboral, otorgar participación de utilidades para las actividades tercerizadas, restringir la intermediación laboral, eliminar los trabajadores de confianza, informar a los sindicatos sobre fusiones y otros, estabilidad laboral para el trabajo a medio tiempo, solo los sindicatos podrán recurrir al arbitraje, entre otros.

Los efectos serán un elevado encarecimiento de la demanda de empleo formal y un aumento de la informalidad. Mayores dificultades para las empresas para adaptarse a los mercados donde compiten. Solo las muy productivas podrán enfrentarlos.

El Congreso de la República -que ha hecho bien en apurarse en denegar una asamblea constituyente ilegal- tiene que ser consistente con la defensa de la economía de mercado contenida en la actual Constitución y defender los intereses de las grandes mayorías. Además, debe exigir mejores políticas públicas basadas en evidencia. No debe ayudar a construir una muralla aún más grande entre trabajadores formales e informales. Todo lo contrario, debe legislar suavizando el paso a la formalización. Sin quitar ningún derecho laboral, simplemente rediseñando las actuales leyes para la pequeña empresa y las normas tributarias para las mismas.