Escribe: María Julia Sáenz, socia líder de Tax & Legal de KPMG en Perú
En los últimos años, la discusión sobre el papel de la política fiscal en la generación de empleo ha cobrado renovada vigencia. Los impuestos y el gasto público, lejos de ser simples instrumentos de recaudación y asignación de recursos, se han convertido en factores determinantes para la prosperidad, el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, la forma en que se diseñan y aplican estas políticas puede marcar la diferencia entre un entorno propicio para la inversión y el trabajo, o uno que perpetúe la informalidad y el estancamiento.
La experiencia internacional y los análisis recientes de la Organización Internacional de Empleadores muestran que los impuestos excesivos, la complejidad normativa y el gasto público ineficiente no solo desincentivan la inversión, sino que también frenan la creación de empleo formal. En el Perú, donde la informalidad supera el 70% y la recaudación fiscal depende de un puñado de grandes contribuyentes, estas advertencias resuenan con especial fuerza.
Una política fiscal que realmente fomente el empleo debe ir mucho más allá de la reducción de tasas impositivas. Requiere una visión integral que combine incentivos a la inversión, simplificación tributaria, apoyo a las pequeñas empresas y eficiencia en el gasto público. Por ejemplo, la reducción de impuestos sobre la renta de las personas naturales puede aumentar la remuneración neta y estimular la participación laboral, pero si no se acompaña de reformas en el impuesto a la renta empresarial y créditos tributarios para la contratación de grupos vulnerables, el impacto será limitado.
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La eficiencia en el gasto público es otro pilar fundamental. No basta con aumentar el presupuesto destinado a proyectos de infraestructura o subsidios; es imprescindible garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación rigurosa de los programas. La experiencia de países como Nueva Zelandia, Rwanda o Estados Unidos demuestra que las reformas fiscales exitosas se sustentan en sistemas simples, estables y predecibles, donde los recursos se destinan a quienes más los necesitan y se promueve la inversión en tecnología, formación e innovación.
Es bien sabido que reformas fiscales enfrentan obstáculos estructurales: resistencia política, intereses burocráticos, fragmentación social y presión de una deuda pública creciente. En el Perú, la tentación de implementar cambios cortoplacistas o de aumentar la carga tributaria sin una estrategia clara pueden terminar agravando la informalidad y debilitando la confianza. La sostenibilidad fiscal debe ser el horizonte, evitando el espejismo de soluciones rápidas que sólo postergan los problemas de fondo.
Las organizaciones empresariales tienen un rol clave en este proceso. No solo deben defender los intereses de las empresas, sino también los de la comunidad en su conjunto, promoviendo reformas que impulsen el empleo, la equidad y el desarrollo sostenible. La creación de coaliciones, el diálogo con el Gobierno y la sociedad civil, y la participación en el diseño de políticas públicas son herramientas indispensables para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y eficiente.
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La política fiscal puede ser una poderosa palanca para la generación de empleo, pero solo si se aborda con seriedad, visión de largo plazo y compromiso con la institucionalidad. El reto es grande, pero también lo es la oportunidad de construir un país donde el empleo formal y la prosperidad sean una realidad para todos. Para ello, se requiere no solo de técnicos capaces, sino de líderes políticos y empresariales que asuman su responsabilidad con altura y ética, dejando de lado la prebenda y el cortoplacismo que tanto daño han hecho a nuestra institucionalidad.
