Escribe: Carolina Trivelli, economista del IEP y exministra de Inclusión Social.
El retorno de la inflación al rango meta es una buena noticia por muchas razones. Para las familias de menores recursos es un alivio sustantivo. Una inflación alta, más aún en un contexto de lenta recuperación del empleo y de ingresos estancados, se traduce directamente en restricciones en la cantidad y calidad de los alimentos que, quienes menos tienen, pueden consumir.
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Cuando suben los precios de los alimentos, la energía o el transporte, y no suben los ingresos de las familias, se reduce el consumo alimentario pues las familias tienen que seguir pagando el recibo de luz, comprando gas y pasajes de transporte público. Esto fue más grave aún pues en los últimos dos años la inflación de alimentos y bebidas fue más alta que la inflación promedio lo que, afectó aún más la seguridad alimentaria de las familias peruanas. De acuerdo con los resultados de encuestas de opinión aplicadas por el Instituto de Estudios Peruanos entre el año 2022 y el 2023 muchas familias (algo más del 40% en el 2022 y casi 60% a inicios del 2023) reportaron que por falta de dinero o recursos alguna vez se habían quedado sin alimentos en sus hogares. En ambos años solo el 7% de encuestados señaló que, ante los mayores precios, había podido mantener su consumo alimentario sin problemas.
Con el retorno de la inflación al rango meta, la situación alimentaria, en particular de los hogares que enfrentan situaciones de pobreza, dejará de empeorar. Datos de diciembre del 2023 ya daban cuenta de que el porcentaje de hogares que en los últimos tres meses se había quedado alguna vez sin alimentos, había bajado a 38%. Si bien 38% es todavía alto y preocupante, es significativamente menor a lo reportado en los meses anteriores.
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Los resultados de la inflación del último par de meses auguran que la situación alimentaria sigue mejorando. Las reducciones en el precio de alimentos como el pollo, central en la canasta alimentaria peruana, contribuyen a ello.
Entonces por el lado de los precios, la situación alimentaria mejoría (o al menos no empeoraría más). Es decir, las familias podrán sostener su consumo alimentario e incluso mejorarlo ante reducciones en productos específicos (como el pollo). Adicionalmente, la esperada (modesta) recuperación en las tasas de empleo asociada a un año con crecimiento económico contribuirá también a reducir el déficit de acceso económico a alimentos.
¿Quiere decir que con esto terminó la crisis alimentaria que venimos enfrentando como país en los últimos años? Desgraciadamente no. Quiere decir apenas que esta crisis no seguirá empeorando, que no se agravará en los meses que vienen. La crisis alimentaria es una crisis derivada de la precaria economía de la mayor parte de familias peruanas. Alimentos hay en cantidad suficiente, pero a muchas familias no les alcanza para adquirir, de manera continua, la cantidad (ni la variedad, ni la calidad) suficiente de alimentos.
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Las cifras de pobreza presentadas por el INEI la semana pasada dan cuenta de ello, tanto zonas urbanas como rurales. Como reporta el INEI, 29% de peruanos enfrenta una situación de pobreza y casi 6% una de pobreza extrema. En las zonas urbanas 3.2% y en las rurales 16.2% de las personas no pueden agenciarse –ni usando todo lo que tienen disponible entre dinero, autoconsumo y donaciones– alimentos para cubrir la demanda mínima (calórica) de alimentos. Estos son casi 2 millones de peruanos que incluso en mejores condiciones macro, no podrán acceder a una alimentación suficiente, menos aún a una alimentación sana y nutritiva.
Para revertir la situación de crisis alimentaria se requiere que las familias accedan a más ingresos (idealmente estables), y ello depende del mercado laboral (en particular sectores como agricultura y construcción) y de la recuperación del consumo privado, de la demanda, sobre todo de los sectores comercio y servicios, en donde generan sus ingresos la mayor parte de los peruanos de bajos ingresos. Esa es la principal ruta para reducir la crisis alimentaria, una vez controlada la inflación.
Pero mientras se materializan los beneficios de la mejor situación macro, urge fortalecer programas alimentarios, del tipo público como Qali Warma, y las iniciativas privadas y comunitarias existentes –Banco de Alimentos, comedores parroquiales, comedores populares y ollas comunes– y asegurar que esas iniciativas lleguen prioritariamente a quienes enfrentan las situaciones más extremas de pobreza.
El problema alimentario, la inseguridad alimentaria y el aporte nutricional de la alimentación de los peruanos seguirán siendo temas centrales en la agenda social y en la agenda de salud pública de nuestro país. No atender estos problemas desde las políticas públicas y desde los esfuerzos privados, solo hará que el costo para el país, para todos los peruanos –con y sin hambre– serán cada día mayores. Urge establecer una agenda en materia alimentaria y algún tipo de liderazgo a cargo de ella.
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