
Guillermo Boitano
Director de Economía de la Universidad de Lima
Como cada año, el informe de pobreza del INEI volvió a poner sobre la mesa una de las realidades más persistentes del país. El reporte revela que, en el 2024, la pobreza en Perú alcanzó al 27.6% de la población, una leve mejora frente al 29.0% del 2023. Esto se produce en un contexto en el que se disiparon los efectos de El Niño -que el año anterior afectaron sobre todo a los sectores de la agricultura y la pesca, donde se concentra una mayor incidencia de pobreza- y en el que se observó una ligera recuperación de la economía.
Sin embargo, hay dos hechos que no se pueden pasar por alto. El primero: seguimos lejos del nivel registrado antes de la pandemia, cuando en el 2019 la pobreza tocó su mínimo histórico con 20.2% de la población en esa condición. El segundo: el ingreso promedio real, ajustado por inflación, sigue siendo 8.2% menor al de ese mismo año. Puede que estos datos suenen reiterativos, pero es imposible ignorarlos cuando hay casi 3 millones de peruanos más en situación de pobreza respecto al periodo prepandemia. A más de dos años del fin del estado de emergencia sanitaria, aún no logramos recuperarnos.
Un análisis más detallado revela un fenómeno preocupante: el avance sostenido de la pobreza urbana. Hoy, en las ciudades, afecta al 24.8% de la población, mientras que en las zonas rurales alcanza al 39.3 %. En cifras absolutas, de los 9.5 millones de peruanos en situación de pobreza, cerca de 7 millones viven en zonas urbanas.
Lima Metropolitana y Callao ilustran con claridad este nuevo rostro de la pobreza. En conjunto, la pobreza afecta al 28.2% de su población.

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¿Qué puede revertir esta situación?
Aunque resulte repetitivo, la respuesta es la misma: elevar la productividad del sector privado. Para lograrlo, es indispensable mejorar la calidad educativa, fortalecer la infraestructura y ampliar el acceso a servicios básicos. Pero también se necesitan políticas focalizadas, adaptadas a cada territorio y sector. Hasta ahora, los esfuerzos por reducir la pobreza han estado más orientados al ámbito rural. Sin embargo, con una pobreza cada vez más urbana, se requieren nuevas estrategias, posiblemente más complejas, dada la diversidad social, económica y territorial que caracteriza a las ciudades. Lima, por ejemplo, alberga a más de 10 millones de personas distribuidas en 43 distritos, lo que plantea enormes retos de diseño e implementación de políticas públicas.
Reducir la pobreza hoy exige más que diagnósticos conocidos. Requiere un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, así como la decisión política de poner en marcha soluciones que ya existen. Las ideas están sobre la mesa. Lo que falta es voluntad.