Escribe: Walter Gutiérrez*, constitucionalista
Hace pocas semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó nuevamente una multimillonaria operación financiera: la emisión de bonos y la refinanciación de la deuda de Petroperú por más de 287 millones de dólares. Si bien el procedimiento se presenta como un “reperfilamiento de deuda”, el ciudadano de a pie no necesita ser economista para entender la esencia de la medida: se trata de un rescate estatal encubierto que ahora se ha trasladado sin miramientos a las espaldas de todos los peruanos.
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Este nuevo salvataje se suma a un historial de inyecciones de capital que han convertido a Petroperú en una verdadera pira de dinero. Según estimaciones de expertos, la suma total de los pasivos de la petrolera estatal ya supera los 9 mil millones de dólares, una cifra escalofriante que representa más de dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Mantener a flote una empresa con este nivel de inviabilidad financiera no solo es un error económico, sino flagrantemente inconstitucional.
Si bien el procedimiento se presenta como un “reperfilamiento de deuda”, el ciudadano de a pie no necesita ser economista para entender la esencia de la medida. (Imagen: Andina)
Nuestra Carta Política, establece un mandato claro e ineludible para el Estado: administrar los recursos del país eficientemente, y destinarlos a la materializar de los derechos de las personas y servicios públicos básicos, entre otras funciones.
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El rescate sistemático de Petroperú representa una abierta violación a esta regla. Cada sol utilizado para cubrir los agujeros financieros de la petrolera es un sol que se resta de la inversión en educación, salud, infraestructura y, crucialmente, seguridad ciudadana. Así, el gobierno prioriza mantener una empresa ineficiente frente a los derechos de millones de peruanos.
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Olvida que el Tribunal Constitucional ha reconocido que la buena gobernanza no es una mera declaración normativa, sino una obligación del Estado y un derecho constitucional de los ciudadanos. El despilfarro constante de miles de millones de dólares en una gestión empresarial deficiente no puede calificarse de otra manera que como el ejemplo paradigmático del incumplimiento de este deber fundamental.
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Hace unos días, en RPP, un dirigente transportista reclamaba: “Sí hay dinero para darle a Petroperú, pero para la seguridad de los ciudadanos, no”. En estas palabras no solo se empoza el malestar y la indignación ciudadana por la incompetencia del gobierno, también expresan su convicción de que este modo de administrar los recursos no puede estar bien.
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Más allá del despilfarro, el rol activo del Estado en la gestión de Petroperú choca con la lógica constitucional sobre la gestión de los recursos del Estado y el destino que se les debe dar.
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La Constitución establece que el Estado solo puede realizar actividad empresarial excepcional y subsidiariamente, por razones de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, siempre y cuando el sector privado no pueda o no decida desarrollar dicha actividad. Este principio se diseñó precisamente para proteger las arcas fiscales de los riesgos e ineficiencias inherentes a la gestión empresarial estatal.
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Al hilo de lo anterior, conviene anotar que Petroperú no opera en una industria donde el capital privado esté ausente; al contrario, compite en una industria compleja, que requiere alta tecnología, vasto capital de riesgo y, sobre todo, una gobernanza corporativa de primer nivel. En este contexto, la gestión directa y dominante por parte del Estado —que ha probado ser vulnerable a la injerencia política y carente de la eficiencia requerida— no solo desnaturaliza el principio de subsidiariedad, sino que lo pervierte hasta convertirlo en un vehículo de sangría fiscal.
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En suma, el salvataje de Petroperú no es un problema meramente económico o de mala gestión, es un problema constitucional. Representa una violación sistemática del deber del Estado de administrar los recursos eficientemente y, por tanto, un desprecio por la buena gobernanza reconocida por el TC. Más grave aún, cada nuevo rescate viola la regla que ordena priorizar estos recursos a los derechos, servicios públicos y seguridad y, con ello, debilita la confianza pública y quiebra el pacto social establecido en la Constitución.
*El autor en representación del colegio de abogados de Arequipa encabeza el equipo que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 013-2024, que aprobó medidas económicas a favor de Petroperú.
