Cada cierto tiempo vuelve el debate sobre el rol empresarial del Estado. Aunque la Constitución habla de un rol subsidiario, muchas veces se intenta justificar la necesidad de crear más empresas estatales “estratégicas” o incluso nacionalizar sectores considerados claves. Más aún en medio del actual debate político. Sin embargo, antes de abrir nuevamente esa puerta, conviene mirar la experiencia reciente. Y lo que muestran los hechos no es una historia de eficiencia.
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Petroperú se ha convertido en el ejemplo más evidente. Solo en los últimos años, el Estado ha destinado más de US$ 6,400 millones para sostener a una empresa que sigue atrapada en una situación financiera crítica. Diversos análisis financieros y estimaciones de agencias internacionales llegaron a ubicar el apalancamiento de Petroperú en niveles extremadamente elevados, incluso cercanos a 44 veces EBITDA en el 2025. Mientras tanto, otras petroleras estatales de la región muestran realidades muy distintas: Ecopetrol (de Colombia) mantiene un ratio de deuda neta sobre EBITDA cercano a 2.1 veces y Petrobras (de Brasil) alrededor de 1.4 veces. La diferencia no es menor.
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Pero el problema en el país va más allá de Petroperú. Corpac, Sedapal y varias empresas públicas han mostrado durante años servicios deficientes, baja capacidad operativa, problemas administrativos y enormes limitaciones para responder a los ciudadanos. El patrón se repite: endeudamiento, ineficiencia y dependencia política.
No hay ejemplos exitosos de países que hayan prosperado creando más empresas estatales o nacionalizando sectores completos de la economía.
Por eso, el debate no debería centrarse únicamente en si una empresa es estatal o privada, sino en si el Estado peruano ha demostrado capacidad para gestionar empresas con eficiencia. Y, hasta ahora, la respuesta parece ser negativa.
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Incluso ejemplos como Ecopetrol operan bajo modelos de gestión con estándares privados. En otras palabras, aun en los casos más exitosos, la administración empresarial exige criterios técnicos, disciplina financiera y autonomía frente a la interferencia política.
La discusión cobra aún más relevancia cuando desde el Congreso aparecen proyectos para crear nuevas entidades estatales, como un banco destinado a comprar minerales. Detrás de estas propuestas suele confundirse el verdadero rol del Estado bajo el argumento de apoyar a los pequeños mineros.
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El problema de los pequeños, medianos y grandes productores no se resuelve creando más burocracia ni más empresas públicas. Se resuelve generando mejores condiciones de mercado, más transparencia, menos trabas y mayores facilidades para formalizarse y vender.
No hay ejemplos exitosos de países que hayan prosperado creando más empresas estatales o nacionalizando sectores completos de la economía. Basta mirar los casos de Venezuela o Cuba. Y si alguien menciona a China como referencia, conviene recordar que, aunque el Estado participa como accionista en muchas empresas, la gestión suele operar bajo criterios privados y de alta competitividad.
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El rol del Estado no debería ser convertirse en empresario de turno, sino crear reglas claras y condiciones eficientes para que la economía funcione.
Porque gobernar no es reemplazar al ciudadano ni al mercado. Gobernar es permitir que ambos puedan desarrollarse mejor.
Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
