Escribe: Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima
Hace unos meses, el Ministerio de Economía y Finanzas fue categórico al asegurar que no se destinaría “ni un solo sol” para seguir financiando a Petroperú.
Parecía que, finalmente, el Gobierno asumía un compromiso con los escasos recursos que tiene nuestro país y optaba por no seguir dilapidándolos en una empresa quebrada e inviable.Sin embargo, hace pocos días el Ejecutivo anunció una nueva emisión de bonos por más de US$ 287 millones para “garantizar la continuidad” de la petrolera estatal.
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Así, una vez más, las promesas del Gobierno se las lleva el viento; de la misma manera en que este monumento a la ineficiencia, al despilfarro, al manejo burdo y a la corrupción llamado Petroperú, se lleva los millones de impuestos que pagamos todos los peruanos y que deberían tener un destino mejor.
¿Es posible, a estas alturas, que el Gobierno no entienda que Petroperú es una empresa atrapada en una crisis financiera permanente, con pérdidas recurrentes, márgenes negativos, patrimonio debilitado, deuda asfixiante y liquidez crítica, cuya administración ha demostrado que sin la ayuda del Estado no puede sobrevivir?
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No se trata de una empresa en problemas coyunturales, sino de una estructura colapsada que sobrevive únicamente gracias al oxígeno que le da el fisco. No entender esto significa que en esta historia de descalabro lo que importa es el fin: persistir en un error en favor de unos pocos, a un costo que lamentablemente no lo asumirán quienes hoy gobiernan, sino los millones de peruanos que asumiremos esta deuda.
Los salvatajes no son nuevos. Durante los últimos dos gobiernos, el Estado ha destinado recursos equivalentes a alrededor del 1% del PBI para “rescatar” a Petroperú.
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El resultado es siempre el mismo: una agonía sin fin porque nunca hay una decisión política y económica sensata que finalmente lleve al cierre o a una verdadera reorganización de este barril sin fondo que es la petrolera estatal. El dinero que cada vez se destina a Petroperú, en vez de impulsar inversiones en salud, educación o infraestructura, se ha canalizado a una empresa incapaz de sostenerse por sí misma. Los números lo confirman.
Un informe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima revela que, al cierre de junio, Petroperú contaba con apenas US$ 12.6 millones en efectivo frente a obligaciones por US$ 7,933 millones.
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Su deuda financiera, de US$ 5,441 millones, genera pagos de intereses y amortizaciones que devoran su liquidez. Entre enero y julio, acumuló pérdidas por US$ 299.4 millones, equivalentes al 53% de su capital social.Incluso con la Refinería de Talara en marcha, sus márgenes siguen en rojo: –2.8% bruto y –8.1% operativo.
Pero el problema no es solo financiero. Petroperú se ha convertido en un botín político, dominado por una burocracia dorada y por sindicatos más preocupados en mantener privilegios que en sacar adelante a la empresa.Insistir en mantenerla con respirador artificial no solo es un despilfarro injustificable, sino también una renuncia a la responsabilidad de gobernar con visión de futuro.
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Quienes administran el Estado deben decidir si quieren seguir hipotecando los impuestos de los ciudadanos para sostener un elefante blanco o si se deciden a dar un giro dramático a esta situación.
Lo primero es la profesionalización de su gestión, la lucha frontal contra la corrupción, la implementación de un gobierno corporativo transparente y reevaluar el rol del Estado en Petroperú, buscando alianzas o una mayor participación del sector privado bajo esquemas que garanticen la transparencia y la eficiencia.
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Un primer paso sería la contratación de un gestor privado internacional y la venta de activos prescindibles de la empresa, como establece el Decreto de Urgencia 013-2024.
Petroperú no es una empresa “estratégica”. Lo verdaderamente estratégico es reducir la pobreza, la desnutrición y la anemia, mejorar el servicio de salud y fortalecer la calidad educativa.
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Estratégico es seguir impulsando la inversión privada en un marco de respeto a una Constitución que establece un modelo económico basado en la inversión privada y donde el Estado desempeña un papel subsidiario.
No debemos seguir sosteniendo la ineficiencia ni tampoco podemos mantenernos en silencio cuando nuestras autoridades no toman las decisiones que necesita el país para resolver este problema, porque prefieren dejar pasar el tiempo mientras esta empresa… como diría nuestro gran César Vallejo... ¡ay! siguió muriendo.
