Escribe: Ana Rosa Valdivieso, Alta Representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE
En un contexto de cambios políticos, climáticos, ambientales, demográficos, entre otros, que se vienen experimentando a nivel mundial, con claros impactos económicos y que ejercen cada vez más presión en la población, se requiere que los países y demás actores del sistema internacional adopten medidas articuladas en torno a estándares comunes, cuenten con metodologías compartidas y herramientas, cuando menos, compatibles. Esa realidad exige a los países contar con una institucionalidad pública (y privada) robusta, capaz, con credibilidad y pleno respeto de la legalidad y de los principios de la democracia. Además, se espera de todos sus actores nacionales, una participación activa, desde sus propios roles, en función de objetivos comunes.
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En el Perú, desde hace muchos años es necesario llevar a cabo una serie de reformas que mejoren la gestión pública y transformen al país en uno más moderno, inclusivo y competitivo en el escenario global. Para avanzar en ese camino desafiante, se deben involucrar y comprometer todos los sectores de la sociedad.
La Hoja de Ruta que guía el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), establece como objetivo principal “lograr la convergencia del Perú con las normas, mejores políticas y prácticas de la OCDE”. Para ello, 24 comités de ese organismo internacional vienen evaluando al Perú, en un proceso que inició el 25 de enero del 2022 y que constituye una oportunidad real para el país de profundizar su integración con el mundo e implementar reformas con los estándares mundiales más altos de políticas públicas, en temas como reducción de la brecha de infraestructura y competitividad, transparencia y eficiencia de la contratación pública, reducción de la informalidad laboral, creación de condiciones para la descentralización del país, acceso a la justicia, entre otras.
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Las recomendaciones de dichos comités repercutirán en una mejora general del país, incluida su productividad y competitividad. En ese marco, el hecho de que la CADE Ejecutivos 2024 haya previsto incluir un espacio dedicado al proceso de adhesión del Perú a la OCDE es una señal alentadora respecto de la determinación del sector empresarial para reforzar su rol en este gran reto.
Y es que la OCDE es un referente mundial del diseño y promoción de mejores políticas públicas. En el 2022, los países miembros de la organización representaron el 60% del PBI global, el 80% del comercio e inversión mundial y el 71% de los flujos de inversión extranjera directa en el mismo periodo. Además, dicha organización cuenta, desde 1962, con el BIAC, una instancia representativa del sector privado, el “business stakeholder” oficialmente reconocido ante la OCDE, que agrupa a más de 9 millones de empresas de sus países miembros. A través del diálogo directo con la OCDE y los gobiernos, el BIAC aporta la perspectiva empresarial a los debates de vanguardia que dan forma a las economías basadas en el mercado e impactan la gobernanza global, asimismo, las empresas tienen acceso privilegiado para contribuir en casi todas las áreas de formulación de políticas públicas desde una etapa temprana.
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El proceso de adhesión a la OCDE no es solo un compromiso del sector público, es un compromiso del país. Implica cumplir estándares que son indispensables para que el Perú sea competitivo en el escenario global. Es aquí donde los demás actores tienen un papel crítico: no solo como observadores, sino como agentes activos que impulsan y cocrean estas reformas junto con el Estado. Las reformas que necesitamos se realizarán, serán exitosas y perdurarán sólo con un esfuerzo colectivo, donde todos son relevantes. En este punto sea quizás necesario resaltar la importancia de que nuestro país forme parte de uno de los más grandes y vigentes centros de debate sobre asuntos económicos y de desarrollo.
La denominada triple crisis planetaria es una realidad y somete a una enorme presión a la humanidad con efectos tangibles y extremos como sequías, incendios forestales, eventos climáticos súbitos e inundaciones, con sustanciales impactos económicos. A ello se suman todas las demás crisis que nuestro país vive internamente, desde hace décadas, y que afectan principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Esa realidad no va a esperar a más “largos plazos”. Es hora de fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza de la ciudadanía; de trascender las divergencias políticas y los intereses particulares en favor de acciones eficaces y sostenibles en el tiempo.
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