Muchos visitantes se maravillan de las inmensas posibilidades que tiene el Perú: riqueza geográfica, biodiversidad, atractivos turísticos, variedad cultural. Sin embargo, la frase atribuida a Antonio Raimondi, “el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, destaca la enorme incapacidad de aprovechar tantos recursos.
Los responsables de dirigir un país deben tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía, que creen condiciones para el mejor desarrollo de todos. Solemos criticar a los gobernantes por dos grandes errores: inacción o inapropiadas e ineficaces acciones. “Cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de la persona humana carecen de toda eficacia práctica” (Juan XXIII, Pacem in terris).
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Cuando el principio de subsidiariedad tiene plena vigencia en una sociedad, posibilita el principio de participación como su inmediata consecuencia. Esto marca un deber de todos para que, con sensatez y leal orientación al bien común, contribuyan a la vida cultural, social, económica y política. El lema diseñado hace doscientos años, “firme y feliz por la unión”, todavía hoy resulta novedoso: parece que no hemos sabido ponerlo en práctica, no hemos podido o, más penoso aún, no hemos querido. ¡Tremenda responsabilidad de los gobernantes y de quienes les toca elegirlos!
Vemos en nuestra querida Argentina un viraje notable: un enorme deseo de recomponer, de avanzar decidida y valientemente hacia un futuro estimulante, basado en libertad, respeto y concordia. Además, para que sea factible en un país federalista, el presidente Milei convocó a las 23 provincias a un compromiso político, fundacional, el Pacto de Mayo, para sentar las bases para una nueva Argentina. Requiere, también, el concurso de los líderes de los partidos políticos y ciudadanía en general, para su viabilidad.
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Recientemente, en nuestro país, mi colega J. J. Marthans planteó la necesidad de “un gran pacto nacional a favor de la infraestructura e inversión, que involucre de manera vinculante” no solamente al espectro político, sino también a los empresarios, agentes económicos, instituciones, a todas las “fuerzas vivas”. El objetivo es definir un conjunto de megaproyectos de desarrollo e infraestructura, y ejecutarlos en el mediano y largo plazo. Es innegable el impacto que esto tendría: inversión pública y privada en necesidades apremiantes, fuentes de trabajo y riqueza, sostenibilidad. Pero requiere algo básico: ponernos de acuerdo y respetar lo que se acuerde. Y exige compromiso, valentía, mirar más al país que a uno; ¡magnanimidad!
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