Escribe: Galantino Gallo, CEO de Prima AFP.
El sistema privado de pensiones peruano no paga pensiones. Debería hacerlo, ya que su fin es solventar los años de jubilación de los afiliados, pero una década de normas antitécnicas ha anulado su carácter previsional. En corto, no se pagan pensiones porque el dinero sale de las cuentas antes de que eso sea posible. Vamos a los datos:
En la actualidad, solo 1% de los jubilados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), opta por una pensión. La amplísima mayoría elige la vía del 95.5, la norma que entró en vigor en el 2016 y que permite que las personas, luego de cumplir los 65 años, retiren hasta el 95.5% de sus fondos de capitalización individual. Una situación a la que luego se ha sumado la consumación de seis retiros (siete, próximamente) aprobados por el Congreso en los últimos cuatro años, que empezaron como un recurso para paliar los estragos de la pandemia, pero que luego perdieron todo sentido. La consecuencia: 26% de los afiliados tienen sus cuentas en cero y 56% tiene ahí menos de una UIT.
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El problema fundamental no es que se vacíen los fondos, sino que el destino de estos, en la mayoría de los casos, no tiene que ver con el mantenimiento de la seguridad financiera del afiliado durante su etapa de jubilación (la esencia del sistema previsional).
Según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, gran parte de este dinero se gasta en pagar deudas (30%), ampliar la vivienda (23%) o hasta electrodomésticos (9%). Y también se hacen inversiones, como en negocios nuevos y preexistentes (38%), pero con el riesgo que esto supone para la calidad de la jubilación del afiliado, que pasa a ser dependiente del éxito, y vulnerable al fracaso, de la inversión.
El valor del sistema previsional no radica únicamente en permitir que las personas que dejan de trabajar en su vejez tengan medios para solventar sus gastos, también tiene mucho que ver con el alivio que esto supone para el Estado y para la sociedad en general. Y que tantas personas dejen de contar con una pensión no es, por ello, solamente un problema micro, sino, macro, cuyas consecuencias solo se harán más palpables con el tiempo, con el inevitable aumento de la población adulta mayor y la disminución de la que está en edad de trabajar.
Toda reforma de nuestro sistema de pensiones tiene que empezar por cerrar las vías por las que este se desnaturaliza. Tiene que recuperar su razón de ser, eliminando el 95.5 y poniéndole fin definitivo a los retiros, que cada vez se han tornado menos técnicos y cero focalizados. Sin esto, los eventuales cambios caerían, literalmente, en saco roto.
Pero es evidente, también, que no solo se trata de construir la armazón legal necesaria para evitar que el sistema pierda su sentido por decisiones como los retiros; es fundamental ofrecer los incentivos y la información necesarios para que el afiliado no quiera vaciar sus ahorros previsionales y comprenda los riesgos que involucraría hacerlo. Con respecto a lo primero, es esencial establecer una pensión mínima asociada al volumen de aportes realizados y flexibilizar los depósitos adicionales que se quieran hacer, sin montos mínimos. Y, en esa línea, ofrecer alicientes tributarios para los aportes voluntarios, como hacer que el aporte rebaje la base de renta imponible de cuarta o quinta categoría y la posibilidad de mantener ahorros en múltiples fondos a la vez.
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Con respecto a la información: La comunicación de los beneficios que el sistema puede procurarle a los afiliados y de la naturaleza del trabajo que las AFP hacen para obtener rentabilidad para los fondos, ha estado muy lejos de ser la ideal. La relación de los trabajadores con la AFP, en fin, se ha limitado por mucho tiempo a una deducción registrada en su boleta de pago mensual sin que medie mucha información sobre cómo funciona el sistema. En ese sentido, la educación previsional y la transparencia tienen que ser la norma hoy y mañana, cuando eventualmente se alcance un consenso de reforma. A mi juicio, el triunfo de normas claramente perjuiciosas, como la del 95.5 y las de los retiros, tiene bastante que ver con el hecho de que muchos ciudadanos no conocen los beneficios a largo plazo del ahorro previsional.
Es mucho lo que se puede y se tiene que hacer para fortalecer el sistema pensionario en favor de los peruanos. Pero todo tiene que partir de reconectarnos con su esencia: pagar pensiones.
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