Toda reforma de pensiones requiere de un serio y profundo debate para alcanzar el consenso necesario que permita que el sistema sea sostenible, suficiente y solidario, con el fin de que se garantice el derecho constitucional que tienen todos los peruanos a la seguridad social.
La Asociación de AFP viene impulsando una reforma previsional desde hace años, pensando en los trabajadores y en cómo hacer para que sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) –sean administradas por AFP públicas o privadas– reciban sus aportes, así como otras fuentes de financiamiento ajenas al descuento de sus sueldos, de manera que al llegar a la edad de jubilación todos cuenten con recursos necesarios para una mejor pensión.
LEA MÁS: Reforma de pensiones debe incluir a todos los trabajadores
Para que el sistema reformado sea sostenible, se requiere que el Poder Ejecutivo sea consciente de que el aporte estatal, a través del uso de nuestros impuestos, debe servir para ayudar a que los trabajadores de ingresos más bajos logren construir sus pensiones.
En este punto, los macroeconomistas más tradicionales consideran que se debe procurar el equilibrio fiscal (ingresos y gastos del Gobierno iguales) y que el aporte del sector público para cofinanciar pensiones a este grupo objetivo son contrapuestos. Y aquí debemos esclarecer esta aparente contradicción.
Si se analiza al grupo de la población en edad de trabajar que hoy no tiene acceso a pensión, se puede concluir que son cerca de 17.6 millones, la gran mayoría independientes e informales. Con la introducción de la contribución equiparada (el Estado aporta lo mismo que el afiliado, hasta un tope) y la devolución del 1% del IGV (acotado según ingreso) a las CIC no solo se consigue universalizar el acceso a la pensión de manera eficiente porque los recursos se rentabilizan a una tasa de 10% anual, sino que los fondos están disponibles para invertirse en grandes proyectos públicos y privados desde el momento inicial, contribuyendo al crecimiento económico y generación de empleo, a través de una mayor inversión.
LEA MÁS: Gobierno aprueba proyecto de reforma del sistema de pensiones, ¿qué propone?
Igualmente, con una adecuada política de incentivos sería posible incrementar la base de contribuyentes, lo que aumentaría la recaudación por parte del Estado. Ambas medidas (contribución equiparada y devolución de IGV) tendrían un costo inicial de 0.09% del PBI y permitirían aumentar significativamente el ahorro interno, creando más puestos de trabajo y aportando a la reducción en la brecha de infraestructura.
El diseño de una buena política pública resulta fundamental, en la medida en que, sin incremento de la presión tributaria (impuestos/PBI), resultaría difícil alcanzar la meta de reducir el déficit fiscal (gastos del Gobierno superiores a los ingresos) y lograr una reforma de pensiones sostenible. Como vemos, es clave el compromiso del Gobierno para darle sostenibilidad al sistema y lograr que haya mejores pensiones para más trabajadores.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
