Prueba ácida

En el caso del Perú, los OR económicos son Osiptel, Osinergmin, Sunass y Ositran. Precisamente, una recomendación fundamental que OCDE ha emitido a los gobiernos respecto a los OR, es “desarrollar una política congruente que contemple el papel y las funciones de las entidades regulatorias a fin de infundir mayor confianza de que las decisiones en cuestiones regulatorias se toman a partir de criterios objetivos, imparciales y coherentes, sin conflictos de interés, prejuicios ni influencias indebidas”. Para cada uno de los OR peruanos, OCDE ha desplegado un enorme trabajo, publicando estudios específicos con recomendaciones en materia de rol y objetivos, insumos, procesos críticos, rendimiento e indicadores de desempeño.

El mismo día del anuncio de la invitación de OCDE, se publicó la Resolución de PCM que conforma la Comisión de Selección que conducirá el concurso público para elegir a los presidentes de los cuatro OR. Están los miembros permanentes de PCM y MEF (cuyos CV y DJI están disponibles en web), y están los miembros no permanentes de Minem, MTC y MVCS. Si bien en nuestro país se debate sobre la posibilidad de otorgar a los OR autonomía constitucional, lo cierto es que, por el momento, la designación de presidentes y demás integrantes de los Consejos Directivos de los OR, recae enteramente en el Poder Ejecutivo. La norma regula los requisitos y acreditaciones profesionales y académicas que los postulantes deben sustentar. Sin embargo, las entrevistas personales y evaluación de los ensayos que se exige presentar (ojalá siga siendo necesario), dan un margen a la subjetividad. Es por ello que las cualidades profesionales de los integrantes de la Comisión de Selección son particularmente relevantes, y es indispensable que el gobierno realice un ejercicio notorio de transparencia, respecto a los integrantes de dicha comisión de selección, el cronograma del proceso, y la publicación de los resultados de las fases de evaluación, publicando los CV y DJI de los postulantes que llegan a la recta final.

Lamentablemente, hay que señalar que últimamente, el Poder Ejecutivo carga un pasivo considerable respecto a la idoneidad en la designación de algunos altos funcionarios, e incluso se ha propalado denuncias sobre supuestos ofrecimientos de cargos en el MTC, lo que es particularmente negativo, considerando que tiene a su cargo participar en la designación de dos presidentes de OR. Los profesionales serios y competentes van a evaluar las condiciones de trabajo en un entorno tan complejo.

Hay que recordar que, en estos próximos años, los OR deberán tomar decisiones sobre inversiones largamente retrasadas, ya sea por culpa del Estado o por posiciones estratégicas de algunas empresas sobre cuánto y cuándo deben cumplir sus inversiones. Deberán aprobar nuevas tarifas, supervisar que se cumplan cabalmente los contratos, sancionar incumplimientos y desplegar esfuerzos por incorporar más y mejor a los usuarios en los procesos regulatorios. Pero, sobre todo, los OR deberán hacer un balance sano entre la colaboración entre actores públicos, y la independencia e imparcialidad de sus decisiones. Una presión ministerial para cambiar un informe ya sea una adenda o una opinión sobre un nuevo contrato; o, un voto político al interior del Consejo Directivo de un OR, serían casos graves de injerencia política que deteriorarían gravemente la institucionalidad regulatoria.

Por todas estas razones, el nombramiento de los presidentes de los OR será una “prueba ácida” para medir la credibilidad del Gobierno, y la veracidad de su compromiso con los valores y recomendaciones de OCDE respecto a la meritocracia en la administración pública y la autonomía de los OR