Coordinador de Investigación de REDES
Aunque se esperaba un inicio del segundo semestre más alentador, los últimos datos indican que la producción cayó 1.29% en julio y 0.58% en lo que va del año. Si bien es cierto, las proyecciones económicas se basan en supuestos y tienen siempre un margen de error, es importante que el Ejecutivo equilibre el ánimo de generar optimismo con el riesgo de dañar la credibilidad por parte de los agentes económicos hacia una institución tan importante y sólida como el MEF.
En efecto, el Banco Central de Reserva ha revisado ya a la baja sus proyecciones para el crecimiento en este año, de 2.2% a 0.9%. Además, se espera que la caída de la inversión privada, clave para generar empleos, supere el 5%. La producción no es la única variable sobre la cual hay quizás demasiado optimismo. En agosto, la recaudación de impuestos cayó en 15% en relación al mismo mes de 2022, en un contexto en el cual las presiones de gasto son crecientes y se pretende aumentar el presupuesto del 2024 en 12%. El cumplimiento de las reglas fiscales está también en riesgo.
Debemos ser justos con el análisis. Son varios los golpes que ha recibido la economía en los últimos meses: un cambio de gobierno con fuerte descontento social, Fenómeno El Niño, inflación que cede lentamente y una serie de riesgos globales que siguen latentes. Aunque muchos de los choques no sean atribuibles al Gobierno, lo cierto es que la inoperancia del Estado y la prevalencia de problemas estructurales que datan de mucho más atrás comienzan a acumular y acrecentar los problemas como bola de nieve.
El empleo a nivel nacional, que tuvo resultados preocupantes en el primer trimestre, se mantiene alarmante. A nivel nacional, la población ocupada ha caído en 163 mil personas en relación al segundo trimestre de 2022. La caída se ha dado principalmente en zonas rurales, donde la tasa de pobreza es más marcada, pero en esta oportunidad también se ha registrado una caída en la población ocupada en áreas urbanas. Además, ha afectado más a los trabajadores con menor nivel de educación alcanzado y en empresas con 10 o menos trabajadores, usualmente aquellas con mayor grado de informalidad. Por su parte, en 12 de las 26 ciudades principales del país, hay menos empleo en el segundo trimestre.
Adicionalmente, en medio de la inseguridad alimentaria que aqueja a casi la mitad de los peruanos, la prevalencia de anemia en menores de tres años ha vuelto a aumentar. Casi el 44% de estos niños padece de anemia. Datos del Minsa permiten detectar que detrás de ello, en comparación a 2019, hay caídas importantes en las visitas domiciliarias oportunas y en la asistencia de madres de niños de 6 a 8 meses que asisten a sesiones demostrativas de alimentos. Los esfuerzos por reducir la anemia requieren de una articulación de varios actores en el Estado e incluso la sociedad civil. Con el deterioro de la gestión pública y el mayor enfoque en los choques “más” urgentes, no vemos la misma prioridad en este tema que hace algunos años. Lamentablemente, no hay marcha atrás con las consecuencias que la anemia genera en el desarrollo físico y cognitivo de estos niños.
Con un crecimiento tan magro, va a ser difícil generar los recursos necesarios para hacer frente a estos y otros problemas acumulados. Más allá del mayor gasto público, una verdadera reactivación de la economía tiene que pasar por el impulso de la inversión privada, facilitando que esta se dé. No podemos controlar todos los choques que llegan a la economía pero sí el accionar público, destrabando los proyectos que ya están en cartera, por ejemplo. Además, es crítico que se genere cada vez mayor confianza; de ahí la importancia de equilibrar el optimismo y el realismo hacia adelante.
Finalmente, creo que es importante reflexionar sobre lo caro que nos resulta como país no haber implementado las medidas necesarias para ser más productivos por distintos frentes. Con mejor infraestructura en todos los sectores, seríamos más resilientes ante la llegada de los inevitables Fenómenos El Niño. Con mejores servicios públicos, los ciudadanos serían menos vulnerables y, evidentemente, sentirían menor descontento con el Estado. Con mayor productividad laboral y un mercado laboral funcional, veríamos hoy menor precarización del empleo y retroceso de la inversión privada. Y, mientras deberíamos ver este difícil contexto como una oportunidad para que los actores políticos busquen coincidencias y avancemos, la crisis política no cesa y desde el Congreso se priorizan medidas populistas antes que soluciones estructurales. Es cierto: la búsqueda de una mayor productividad difícilmente genera goles políticos de corto plazo. Pero es el único camino sostenible.