Escribe: Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).
El Perú es un país distinto. Las reformas ejecutadas en los noventa sentaron buenos cimientos para el desarrollo y algunos técnicos que participaron de estas reformas fundaron, formaron parte o se encuentran aún vinculados al Instituto Peruano de Economía, que hace unos días cumplió 30 años. Sin embargo, como se dio cuenta en una de sus publicaciones: “La reforma incompleta. Rescatando los noventa”, editada en el 2000, hay que combatir las contrarreformas y completar las reformas inconclusas. Dos ejemplos de estas reformas que se encuentran en el debate esta semana son:
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Petroperú
Previo al Decreto de Urgencia 013-2024 de salvataje a Petroperú, el IPE estimó que los costos generados a todos los peruanos por el apoyo financiero a la empresa estatal ascendían a S/ 20,200 millones desde el 2013. Considerando el DU, estos cálculos se elevaron a por lo menos S/ 24,600 millones, un incremento de S/4,400 millones.
Solo con estos recursos adicionales, se podrían construir 57 colegios de alto rendimiento (COAR), 17 hospitales de mediana complejidad o financiar 4 veces el presupuesto anual 2024 del programa Juntos. Ese es el importante costo que representa una empresa estatal que ha sido mal gestionada. El principal problema del DU es que no establece un plazo cierto para la esperada transformación de Petroperú, ni tampoco cómo dejará de generar pérdidas en el corto plazo. Entonces, es de prever que no será el último salvataje y que continuará comprometiendo además la golpeada sostenibilidad fiscal.
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El caso de Petroperú es una reforma inconclusa pues se tendría que haber completado su proceso de privatización. El costo de no hacerlo tiene un rostro muy humano. Recientemente el IPE dio cuenta de las brechas de servicios en Piura, allí donde se hizo la nueva refinería de Talara por un costo al menos cuatro veces mayor a lo inicialmente estimado. En esa región, cuatro de cada 10 viviendas o siete de cada 10 escuelas no cuentan con los tres servicios básicos (agua, luz y saneamiento), cuatro de cada 10 niños sufren de anemia y la continuidad del servicio de agua es en promedio de solo nueve horas al día. En ese contexto, corresponde preguntarse si no es por lo menos irresponsable sostener una empresa estatal que no es rentable cuando tiene el Estado la enorme responsabilidad de traducir los ingresos que recibe de los contribuyentes en servicios de calidad para sus ciudadanos.
Reforma de pensiones
Hasta hoy el Ejecutivo debe decidir si promulga u observa la autógrafa de la ley de reforma del sistema de pensiones. Durante varios años, los hacedores de políticas han debatido esta reforma, que es necesaria y urgente. La demora en un acuerdo ha permitido que iniciativas populistas debiliten el sistema: los retiros del 95.5% y del 25% para vivienda, y la aprobación masiva de retiros. El costo es alto y será duradero, nueve de cada 10 afiliados al sistema privado de pensiones tiene menos de 1 UIT en su cuenta a agosto último y más de S/ 110 mil millones han sido drenados del sistema.
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La participación del IPE en el debate de este tema ha sido consistente. A lo largo de su historia, ha escrito 12 investigaciones sobre el sistema de pensiones, con estimaciones de los beneficios de su implementación sobre el afiliado, y sobre el desarrollo económico y financiero del país. Además, proponiendo reformas y estimando costos de su no implementación. Así, por ejemplo, aspectos como asegurar una pensión mínima, que hoy se contempla en la autógrafa, es un ajuste reportado como necesario por el IPE desde hace más de 20 años.
La ley aprobada por el Congreso dista de ser perfecta, pero permitirá avanzar hacia un sistema más sostenible, inclusivo y que brinde mayor bienestar a los afiliados. La estimación de su costo fiscal debe hacerse comparándolo con un escenario donde no se hace una reforma: continúan entonces los retiros, prevalece el 95.5%, el esquema de reparto del sistema nacional agrava su condición de financieramente insostenible, la rentabilidad del fondo se ve afectada, y los impuestos de todos deberán de financiar las pensiones de los que se queden sin fondos para su vejez. Así, la reforma aprobada involucra un costo fiscal en el corto plazo, pero al largo plazo resultará más costoso no hacerla. Sin duda, una vez aprobada, algunos aspectos tales como la pensión por consumo y los aportes de independientes, requerirán una mayor discusión técnica.
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Se suelen escuchar frases tales como “si no podemos avanzar, al menos no retrocedamos”, y se tiende a dirigir esfuerzos únicamente en combatir las contrarreformas. Lo cierto es que estamos pagando costos cada vez más altos a causa de las reformas inconclusas, sigamos entonces firmes en la tarea de completarlas.
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