Oscar Caipo: Se dialoga con la verdad

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, no dice la verdad al señalar que el sector privado se rehúsa a dialogar en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Por el contrario, los gremios empresariales que participan en esta instancia siempre han demostrado voluntad de conversar y de llegar a acuerdos en beneficio de los trabajadores del país. Y lamentamos que el propio gobierno, a través del MTPE, haya vulnerado sistemáticamente la institucionalidad y el diálogo en el CNTPE al promulgar normas sin respetar el debido proceso y que además son perjudiciales para los trabajadores y para las empresas de todo tamaño.

Esta actitud poco transparente del MTPE es la razón por la cual el sector empresarial tomó la decisión de suspender su participación en el CNTPE. Y aquí exponemos una cronología de normas emitidas de manera arbitraria, que no tuvieron diálogo tripartito, no fueron debidamente consultadas con los sectores, en particular el MEF, y que no tienen el debido sustento técnico sobre sus costos y beneficios:

1. En febrero del 2022, en edición extraordinaria del Diario El Peruano, se publicó la eliminación de la tercerización, afectando el derecho de libre empresa.

2. En abril del 2022, se prepublicó el anteproyecto de Código de Trabajo, señalando que solo se recibirían consultas por mail y en un período limitado para luego presentarlo al Congreso.

3. En agosto del 2022 (día domingo), se promulgó -entrando en vigencia al día siguiente- el decreto que modifica el reglamento de Relaciones Colectivas, estando el CNTPE en pleno instalado y con este tema en la agenda.

Estas normas, además, no han sido analizadas en su impacto legal y económico. Respecto a la legalidad, es claro que los decretos supremos no pueden modificar leyes ya existentes. Por otro lado, la forma como han sido promulgados vulnera los convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ello ya ha motivado un llamado de atención por parte de la OIT al MTPE, mediante una carta emitida en abril, donde le recuerda que “las organizaciones de trabajadores y empleadores deben ser consultadas de manera efectiva en el proceso de adopción de instrumentos legislativos o reglamentarios, susceptibles de afectar los intereses de sus miembros”.

Pero al sector empleador no solo le preocupan las flagrantes violaciones a la institucionalidad, sino también el impacto de estas normas. El MTPE ignora que la informalidad alcanzó un 77% en el 2021; es decir, hay más de 13 millones de trabajadores sin derechos laborales, sin protección social y, en muchos casos, afrontando la vulneración de sus derechos humanos. Esto incluye al sector público, donde se sigue precarizando con el régimen CAS -con más de 400 mil trabajadores con derechos laborales limitados- y con contratos de locación de servicios -con más de 200 mil trabajadores sin derechos laborales.

El MTPE también ignora que el tejido empresarial peruano está compuesto en un 99.5% por mypes, que el 86.5% de estas operan en la informalidad, y con un nivel de ingresos reales de los trabajadores que son 20% menores que en el 2019.

Pese a esta grave situación, ahora se pretende aprobar -nuevamente de manera expresa- una metodología de aumento anual de la remuneración mínima vital, que va a generar más barreras para la formalización.

La situación del sistema laboral peruano es crítica y las acciones del MTPE ponen en riesgo la sostenibilidad económica del país. Por ello, el sector empleador ha tomado la decisión de escalar todas estas irregularidades al Sistema de Monitoreo y Control del Cumplimiento de Convenios de la OIT para que se pronuncie al respecto.

El sector empresarial está dispuesto a dialogar, pero siempre y cuando haya una voluntad real para hacerlo. Y para poder retomar el dialogo en el CNTPE, esperamos que los temas legislados de forma ilegítima e ilegal sean derogados y se restituyan en la agenda de análisis y concertación del CNTPE.