Derechos humanos para todos

Lamentamos que más de 40 peruanos hayan perdido la vida en las protestas violentas que sucedieron al golpe de estado fallido de Pedro Castillo; también los más de 300 heridos de las fuerzas del orden y la muerte de un policía incinerado por un grupo de homicidas.

Las muertes en enfrentamientos con las fuerzas del orden deben ser investigadas y sancionadas si se determinan excesos y responsabilidades. Y también debemos investigar a fondo el origen de la organización, financiamiento e instigación a que protestas legítimas deriven en el uso de violencia contra la vida y la democracia.

Duele ver al Perú partido y que se fomente el odio entre compatriotas, con posiciones políticas que se superponen a la convivencia pacífica, la democracia y a los derechos humanos.

Hemos dialogado con la comisión de la CIDH que visita el país esta semana. Saludamos que estén escuchando las distintas voces y opiniones, y esperamos que emitan una posición y recomendaciones objetivas que contribuyan a restablecer la paz.

Los derechos humanos son para todos, tal como lo disponen los tres primeros artículos de la DUDH: 1) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 2) Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna… 3) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

El derecho a la protesta termina donde comienza el derecho a la libertad de transitar, de trabajar, de vivir en paz y en seguridad, de los 33 millones de peruanos. No se puede tolerar que se amenace a las personas para dejar de trabajar y participen en protestas violentas, exponiendo sus vidas. Tampoco que los consumidores paguen precios inflados por la escasez y que grupos violentos organizados interrumpan servicios básicos, tomando o dañando aeropuertos o fuentes de energía. Todo esto vulnera los derechos de millones de personas.

La violación a los derechos humanos ha sido una constante en los últimos años. A inicios del 2022, en Cuajone, unas 5,000 personas (trabajadores y familiares) permanecieron 50 días sin acceso a agua, sometidos por un puñado de violentos que chantajeaban económicamente a la empresa. En la minería ilegal, así como en el narcotráfico, se violan los derechos humanos sistemáticamente (trabajo infantil, trata de personas, entre otros) y todo indica que tienen alianzas políticas para expandirse, a costas de la formalidad, la legalidad y la seguridad de todos los peruanos.

Como señalé en el foro del Acuerdo Nacional el lunes pasado, para salir de la crisis urge restablecer la paz y que prime el diálogo basado en tres principios: la institucionalidad, la responsabilidad y la unidad del país. Solo así encontraremos una salida a esta crisis y lograremos retomar la senda del desarrollo sostenido.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.