El Congreso, no contento con interferir en la política fiscal (que es responsabilidad del MEF) –con sus leyes que elevan los gastos rígidos del sector público–, ahora también pretende entrometerse en la política monetaria (que es responsabilidad del BCR). El proyecto de ley que plantea ese despropósito podría ser calificado como el más chapucero de los últimos tiempos, no solo porque viola abiertamente la autonomía del BCR, consagrada por la Constitución, sino por su desprolija exposición de motivos.
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El proyecto en cuestión (PL 06035-2023-CR), “autoriza” al Banco Central de Reservas (sic) a comprar oro “destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales”. El objetivo es ayudar a la formalización de la minería aurífera nacional, pues la autoridad monetaria solo podrá comprar el metal a personas y empresas legalmente establecidas en el país. Además, encarga al BCR la refinación del metal y su conversión en lingotes en el exterior. Podrá contratar a terceros para estos y demás servicios pertinentes (lo cual incidirá en sus gastos).
Aparte de que se vulneraría su autonomía, el BCR tendría que emitir soles para poder adquirir oro en una cantidad mayor a sus requerimientos. Por mandato constitucional, el BCR tiene que preservar la estabilidad monetaria, y una inyección de liquidez adicional tiene efectos inflacionarios.
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En cuanto a la exposición de motivos, está ausente todo soporte académico y análisis serio. No hay gráficos ni tablas, pero sí dos fotos de lingotes y extractos de informes periodísticos. Es decir, lo usual en este tipo de de-satinos congresales. Y el desconocimiento de conceptos básicos es impresionante, tanto de teoría monetaria como del papel del oro como activo de reserva. Encima, el análisis costo-beneficio –seis líneas de texto enrevesado– afirma que la iniciativa “no genera costo alguno para el Estado” y que “promoverá el desarrollo de la población”.
El proyecto fue presentado en septiembre pasado por Jorge Luis Flores Ancachi, congresista por Puno de Acción Popular –denunciado constitucionalmente por la Fiscalía en mayo, por el caso “Mochasueldos”– y refrendado por miembros de su bancada. Ha visto la luz gracias a una comisión del Legislativo encargada de “proponer soluciones para que sectores populares emprendedores puedan generar capital”. Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos del BCR, sugirió a esa comisión encargarle la compra de oro lícito a una entidad ad-hoc (Minem o Banco de la Nación). Habrá que ver si los congresistas actuarán con sensatez o seguirán como siempre.
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