Juan Carlos Miljanovich
Gerente de administración y finanzas de Summa Gold Corporation
En el último año, el oro se ha consolidado como uno de los principales productos de exportación del Perú, con ventas que superan los US$ 15,000 millones en el 2024 (1). Sin embargo, este desempeño convive con una realidad alarmante: la minería ilegal y el contrabando de oro le costarán al Estado más de US$ 2,200 millones en este 2025 en impuestos no recaudados (2).
Pero no se trata solo de un problema tributario. Estamos frente a la actividad ilícita con mayor impacto negativo en el país: destruye ecosistemas, vulnera derechos sociales, fortalece redes criminales y golpea de lleno las finanzas públicas. La riqueza generada por este mineral debería ser motor de desarrollo y bienestar, pero en este contexto termina alimentando la depredación y la violencia.
El oro que exportamos no puede medirse solo en toneladas y dólares: su valor real depende de la garantía de su origen. Asegurar la trazabilidad del mineral no es un lujo ni una exigencia ajena al negocio; es una necesidad urgente para proteger la imagen del país, cumplir con estándares internacionales y garantizar que la riqueza que producimos sea legítima.
Las empresas mineras formales tenemos la responsabilidad de sustentar, mediante procedimientos claros, verificables y auditables, el origen legal de cada gramo que comercializamos. Esto implica trabajar con certificadoras reconocidas que validen que en nuestras operaciones no se extrae, procesa ni beneficia mineral de origen ilegal. Y es clave recordar que la problemática no se limita a la extracción: el beneficio y procesamiento pueden ser tan o más contaminantes y destructivos que la actividad minera en sí.
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El control de procedencia del oro es una obligación del Estado. Por ello, debe convertirse en un tema prioritario, respaldado por un mecanismo oficial de verificación, con procedimientos únicos y de cumplimiento obligatorio que permita exportar únicamente a quienes acrediten el origen legal de sus productos. Solo así podremos cortar el flujo del oro ilegal que hoy alimenta redes criminales, degrada nuestro medio ambiente y afecta la competitividad del país en los mercados que más valoran la transparencia.
La trazabilidad no es una exigencia coyuntural: es la licencia para que el oro peruano compita en los mercados que pagan mejor. Si actuamos ahora, con reglas claras y controles efectivos, podremos transformar un problema histórico en una ventaja competitiva que genere valor económico, social y ambiental para el país.
(1): SNMPE: Exportaciones mineras marcaron cifra récord de US$ 47,701 millones al cierre del 2024. El oro representó el 32% (aproximadamente US$ 15,000 millones).
(2): RPP: Minería ilegal provocará pérdidas por S/ 7,800 millones este 2025.
