“¿Qué crees que es más rentable en este país, ser narco o ser minero ilegal?”, preguntó un amigo que conoce muy bien el sector minero mientras desayunábamos. “Te lo resumo así”, continuó. “Un narco en este país puede ganar mucho, pero está en el ojo de las autoridades, a veces, y si cae, se va preso más de 30 años. Pero un minero ilegal en la actualidad opera a sus anchas y, no solo eso, sino que tiene el apoyo evidente de las autoridades”.
Y no le falta razón. Basta preguntarnos cuántas personas se encuentran en las cárceles cumpliendo condenas por ser mineros ilegales. Por el contrario, son un grupo que, a todas luces, ha logrado importantes relaciones y gran poder político que les brinda un manto de protección para ellos y sus actividades.
A inicios de año, la periodista Lourdes Fernández de Epicentro reveló que, entre octubre del 2022 y noviembre del 2023, los despachos de al menos 11 congresistas han recibido constantes visitas de autoridades y personajes ligados a la minería informal e ilegal. De ese grupo, Guido Bellido, Eduardo Salhuana, María Taipe, Jorge Montoya y Jorge Marticorena son autores de proyectos de ley que podrían dificultar el proceso de formalización de la minería. Como ven, lo de menos es la tienda política.
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Como si no fuera poco, varios de los mineros ilegales o informales a la vez son alcaldes. Son los casos del burgomaestre de Sucre (Ayacucho), Jorge de la Cruz Cabana; alcalde de Camanti (Cusco), Renán Contreras; y el alcalde de San Pedro de Coris (Huancavelica), Josué Arrieta; solo por mencionar unos cuantos. Está más que claro que el cáncer de la minería ilegal ha penetrado la política y las instituciones.
La mejor forma de medir su poder es a través del dinero. La semana pasada, Gestión (08.01.2024) reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS detectó operaciones sospechosas vinculadas a la minería ilegal por US$ 2,392 millones entre el 2020 y noviembre del 2023.
Mientras que, en el caso del narcotráfico, el monto asciende a US$155 millones en el mismo periodo. Es decir, ¡15 veces más! Pero a ninguna autoridad parece importarle. Con esto, queda absolutamente claro lo rentable que es esta actividad ilícita y el nivel de impunidad con la que opera en nuestro país.
Quería volver a poner este tema sobre la mesa, porque la semana pasada pudimos leer o escuchar a muchas de nuestras autoridades (congresistas, ministros, alcaldes o la propia presidenta) alarmadas por el preocupante estallido de la criminalidad organizada vinculada al narcotráfico en Ecuador, pero poco o nada dicen sobre el reguero de muertes que deja la minería ilegal en el Perú.
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O ya olvidamos cómo la madrugada del sábado dos de diciembre del año pasado, nueve trabajadores de la empresa minera La Poderosa fueron asesinados y, al menos, 15 resultaron heridos luego de que fueron atacados con explosivos dentro del socavón de la mina, en la provincia de Pataz, región La Libertad. O cómo en Caravelí, Arequipa, el enfrentamiento entre mineros ilegales deja decenas de muertos y desaparecidos cada cierto tiempo.
Bien lo dice el periodista argentino Andrés Oppenheimer en su reciente artículo “La explosión de la narcoviolencia en Ecuador debería ser un recordatorio para México, Colombia y otros países como Perú de que negociar la paz o treguas con las mafias nunca funciona, suele envalentonarlas y permitir que se conviertan en grandes ejércitos criminales”.
Y lo que vemos en estos lares son organizaciones cada vez más fuertes, con más dinero y poder político, pero, sobre todo, con mucha impunidad. El resultado de ese crecimiento es menos inversión en la minería, más corrupción, pero, sobre todo, mucha más sangre y dolor.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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