“No más pobres en un país rico” fue el lema que llevó a Pedro Castillo a la presidencia en el 2021. Tres años después, esa promesa suena como un mal chiste. La pobreza en Perú ha aumentado, el aparato público se ha llenado de incompetentes, y el resultado, para los más vulnerables, no es otro que hambre y miseria.
El desastre comenzó con Castillo, cuyo gobierno improvisado y plagado de corrupción se tradujo en un aumento de la pobreza monetaria al 27.5% en el 2022. Su receta era predecible: nombramientos clientelistas, trabas a la inversión privada y un cinismo que despreciaba cualquier noción de servicio público. Pero si Castillo sembró el caos, el gobierno de Dina Boluarte ha cosechado sus peores frutos.En el 2023, una combinación de conflictos sociales mal gestionados, fenómenos climatológicos y una espantosa falta de prevención llevó al país a una recesión económica. La pobreza volvió a escalar, afectando al 29% de la población, un nivel comparable al registrado durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el Gobierno parece más interesado en maquillar cifras que en enfrentar la crisis.
El 31 de diciembre, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) emitió un decreto para imponer al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) una nueva metodología de medición de la pobreza multidimensional. Esto ha generado serias dudas sobre la independencia del INEI y la posible manipulación política de las cifras.
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No es solo un debate técnico entre pobreza monetaria y multidimensional. El verdadero escándalo es que sea el mismo ministerio responsable del programa Qali Warma –acusado de distribuir alimentos en mal estado a niños pobres– quien quiera dictar cómo medir la pobreza en Perú.
¿Acaso para el ministro Julio Demartini, los niños que consumieron las conservas de Frigoinca ya no eran tan pobres porque recibieron algo para comer, aunque fuera tóxico? Señor ministro, no es lo mismo entregar comida podrida que garantizar una nutrición adecuada. Pero al parecer, la prioridad del Midis no era combatir la pobreza, sino beneficiar a empresas como la de Nilo Burga, favorecido por el Estado hasta su misteriosa muerte en un hotel durante la última Navidad.
El cinismo del Estado no termina aquí. Cambiar metodologías de medición no eliminará la pobreza, como tampoco se puede borrar los 50 muertos de los conflictos sociales bajo la alfombra. Así como los muertos hablan durante años, la miseria seguirá enquistada en el aparato público, recordándonos el fracaso de quienes han gobernado.
El Perú merece más que slogans vacíos y estadísticas manipuladas. Merece un liderazgo que reconozca la realidad y tome acciones contundentes para que ningún niño tenga que ser alimentado con basura, y para que los más vulnerables no sigan siendo las víctimas de un sistema que privilegia el cinismo sobre la compasión.
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Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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