A mediados de noviembre, durante la CADE Ejecutivos 2023 que se desarrolló en Urubamba (Cusco), el ministro de Economía, Alex Contreras, emplazaba a los empresarios y criticaba ese supuesto “pesimismo absurdo” que no estaba permitiendo el desarrollo del país. Pero visto de otra manera, podemos hablar también de un “optimismo absurdo” o simplemente de la desconexión absoluta de la realidad por parte de nuestras autoridades.
Es que no deja de llamar la atención que esta semana la presidenta Dina Boluarte asegurara en un evento organizado por Americas Society / Council of the Americas que el Perú es un país atractivo y confiable para la inversión extranjera porque cuenta con estabilidad jurídica y reglas de juego claras.
¿Creerá la presidenta que los empresarios asistentes a esa conferencia no tienen internet? Y perdonen la pregunta, pero mientras el miércoles último la jefa de Estado hablaba de “estabilidad jurídica” y “reglas de juego claras”, seguían saliendo chats y audios de WhatsApp, que lo que mostraban era el profundo deterioro de instituciones cruciales para, justamente, esa estabilidad jurídica y para la democracia, como son el Ministerio Público y el Congreso de la República.
Y esta crisis institucional no tiene que ver con posiciones ideológicas de ningún tipo: ni izquierdas, ni derechas, ni caviares, ni DBA. Tiene que ver con los pequeños intereses de determinados grupos o personas, a quienes les interesa muy poco el desarrollo del país. Claramente, esa desconexión de las autoridades con el bienestar ciudadano ya nos pasa una enorme factura.
Así, al menos, lo entienden los principales gremios empresariales del país, como la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad de Comercio Exterior o PerúCámaras que advertían en Gestión que esta crisis institucional deteriora aún más la confianza y el ánimo empresarial para invertir en el país.
Incluso, ahora el propio ministro de Economía ya no habla de “pesimismos absurdos” y esta semana, más bien, advertía que la corrupción y el uso político de las instituciones generan un elevado costo económico para el Estado y no le falta razón, según lo muestran las cifras en blanco y negro.
Basta ver como repuntó la salida de capitales del país durante el tercer trimestre del año debido a la incertidumbre y a la falta de proyectos de inversión. En ese periodo, salieron del país US$1,916 millones de fondos de corto plazo, el mayor monto registrado desde el primer trimestre del 2022, según información del Banco Central de Reserva (BCR).
¿La gran pregunta es qué hacemos? ¿cómo volvemos a generar confianza para atraer inversiones? El ministro Contreras anunció que buscará implementar beneficios tributarios para repatriar capitales. Pero eso no ataca el problema de fondo, que es el deterioro institucional, que ya pone en riesgo nuestro crecimiento de mediano plazo, como advertía la agencia de calificación Fitch. Y no solo nuestro crecimiento, sino las posibilidades de dar servicios básicos dignos a la población.
Entonces, las autoridades deberían empezar por no caer en optimismos absurdos y comenzar a conectar con la realidad. Una vez que eso pase entenderían de la necesidad de impulsar reformas clave como la política, la de justicia y la de servidores públicos; pero es más fácil pensar que nadie tiene internet y seguir diciendo que Perú es un país atractivo y confiable para la inversión extranjera.
