Todos sabemos sobre la urgencia de mejorar la calidad de la gestión pública que se orienta a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. El eje son ellos y debemos buscar mejorar la calidad de la provisión de los bienes y servicios a las personas. La creación de valor público es la prioridad en la que se vinculan todos los insumos con los que cuenta el Estado bajo una lógica de eficiencia para entregar mejores bienes y servicios.
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Sabemos que la mala relación entre el Estado y la población proviene de la no provisión o pobre provisión de bienes y servicios a la sociedad. El Estado no está presente en muchas partes del territorio. Todo ello es parte del combo de desconfianza que impera hoy en nuestra sociedad y que agrava la situación económica.
Ante esta situación se debe pensar en formas creativas que permitan mejorar la provisión de bienes y servicios por parte del Estado. Debemos buscar que los recursos que todos financiamos con nuestros impuestos sean utilizados de manera eficiente, lo que es un clamor general. Una de las formas que puede ser muy útil es el pago por resultados en la provisión de bienes públicos. En este sistema el proveedor puede ser un ente privado o público que recibe el pago correspondiente si es que cumple los resultados que se esperaban con la actividad o proyecto realizado.
Este mecanismo ha recibido el nombre de Bono de Impacto Social, aunque no es propiamente un instrumento financiero negociable. Aunque probablemente lo será en el futuro. La idea es que, digamos, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de algún departamento está interesada en reducir los tiempos de espera de los pacientes para las citas y para ello requiere mejorar la gestión y los procedimientos. Si ese es el objetivo y se está comprometido con dicho resultado, entonces se puede contar con presupuesto para ello. Hasta aquí vamos bien, pero el problema del Estado Peruano es que cuenta con los recursos y hace una buena gestión macro, pero a nivel micro existe una clamorosa ineficiencia. Entonces una manera de contribuir a la mejora es poder hacer una convocatoria para realizar esta actividad entre distintos operadores privados. Se selecciona uno pero el pago que reciba la institución seleccionada está en función de los resultados que obtengan.
El mecanismo descrito genera un incentivo poderoso para que la provisión sea la mejor posible porque se buscará cumplir con el resultado dado que de ello depende el pago del proveedor. La ventaja es que este mecanismo puede contar con la participación del sector privado quien podría colaborar en el financiamiento y orientar sus acciones de responsabilidad social alineadas con acciones del Estado que tienen impacto directo en la población. Incluso podría pensarse en incluir esta modalidad bajo el paraguas de Obras por Impuestos en una proporción. Esto porque el referido mecanismo al fin y al cabo involucra el uso de recursos públicos ya que en cierta forma es como si la empresa le prestara al Estado y luego se cobra cuando deja de pagar impuestos más adelante.
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El mecanismo del que hablamos está dirigido a gasto corriente a diferencia del de Obras por Impuestos. La introducción de mecanismos de este tipo implica cambiar varias cosas en la administración pública. Por ejemplo, debe contarse con evaluadores independientes que podrían incrementar los costos. Sin embargo, la lógica que debe primar es la de costo-beneficio, pues las ganancias en eficiencia puede que lleguen a ser mayores que los costos marginales que puedan surgir. Es importante contar con nuevos mecanismos, porque los actuales no están funcionando. Es hora de innovar. Este mecanismo ha empezado a funcionar en otros países y el más cercano es Colombia. Existe interés de parte de organismos internacionales en apoyar este proceso que implica crear un nuevo mercado.
Si queremos mejorar la relación del Estado con la población existen otros caminos que podemos probar, teniendo como objetivo al ciudadano y que generan mecanismos parecidos a los de mercado, que promueven eficiencia. Hoy en día que el proveedor directo es el Estado, la calidad es mala y las personas desconfían y critican, con razón, lo que hace este. Si introducimos competencia en la provisión, las mejoras que se pueden lograr pueden ser muy fuertes y empezar así a mejorar la relación con el ciudadano.
Esto no implica una privatización, sino buscar que el proveedor directo encargado de entregar los bienes y serivicios a la población sea el mejor capacitado y que reciba un pago en función a sus resultados. Ya que estos son los que importan.
Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.
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