Escribe: Leonie Roca, presidenta de la AFIN
Proinversión es la agencia estatal encargada de conducir los procesos de otorgamiento en concesión y de las obras por impuestos más grandes. Esta agencia, que durante años quedó atrapada en leyes que enredaron procesos y convirtieron la participación privada en un objetivo casi inalcanzable, ha logrado sortear los obstáculos los últimos dos años y tener récords de adjudicaciones.
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En el 2024, las APP adjudicadas ascendieron a US$ 5,017 millones, más de cuatro veces el monto del 2023 (US$ 1,229 millones). Mientras tanto, se empezó a impulsar acuerdos de Gobierno a Gobierno, no necesariamente buenos en términos de sostenibilidad futura de la infraestructura, mucho más costosos, sin presupuestos como acabamos de ver con la ANIN y preocupantes para las finanzas públicas.
Según el Consejo Privado de Competitividad, los procesos adjudicados entre 2018-2024 tomaron en promedio 58 meses desde el encargo hasta la firma del contrato. (Fuente: Andina)
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No obstante, hay que resaltar dos cosas, que no son menores. Primero, los proyectos que ha sacado al mercado son muy antiguos y básicamente se ha tenido que concentrar en “ponerse al día”, haciéndose paulatinamente más complejo repoblar el llamado “pipeline” de nuevas iniciativas. Segundo, no basta con adjudicar. El éxito está en poner en servicio las infraestructuras y, en esto, la posventa sigue siendo el laberinto del Minotauro. Los proyectos enfrentan retrasos en el cierre financiero, modificaciones contractuales recurrentes y supervisión fragmentada que complican la puesta en operación.
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Los números confirman esta realidad. Según el Consejo Privado de Competitividad, los procesos adjudicados entre 2018-2024 tomaron en promedio 58 meses desde el encargo hasta la firma del contrato, casi el triple que bajo marcos legales anteriores. La participación de hasta seis entidades opinando sobre cada proyecto, desde el MEF hasta la Contraloría, ha convertido la promoción en un vía crucis burocrático. Mientras tanto, la brecha de infraestructura supera los US$ 100,000 millones, y sectores como educación y salud muestran retrocesos en cobertura de servicios básicos a pesar de las inversiones realizadas.
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La nueva ley de APP, representa un cambio de paradigma al consolidar a Proinversión como unidad central en los procesos de APP. Se eliminan duplicidades institucionales, se reducen las instancias de opinión del MEF, se otorga funciones a esta entidad en la posventa, y se crean las Juntas de Resolución de Disputas para evitar arbitrajes costosos. La cartera 2025-2027 contempla 65 proyectos por US$ 20,287 millones, una ambición que solo será realizable con los cambios normativos propuestos.
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El santo ya tiene diseño para su nuevo vestido, pero hay que exigir que la recientemente aprobada ley venga con refuerzo presupuestal relevante y apoyo político a Proinversión, especialmente enriqueciendo los encargos que se le hacen. Continuar anunciando proyectos con el mecanismo de Gobierno a Gobierno, cuando Proinversión podría asumirlos, no es consistente con la señal positiva de la nueva ley. Toca ahora discutir un buen reglamento de la nueva ley y continuar fortaleciendo presupuestal y políticamente a Proinversión.
