Escribe: Carlos E. Paredes, director de Intelfin y docente de la U. Continental
1. Al repasar nuestra historia económica y política reciente, se constata la disociación entre el crecimiento económico y la estabilidad política e institucional. Los resultados electorales indican que, a pesar del alto crecimiento de nuestra economía y la fuerte reducción de la pobreza registradas en las primeras dos décadas de este siglo, un gran y creciente número de peruanos no se sintió satisfecho con los logros alcanzados y, más bien, se inclinó por ofertas políticas que prometían un gran cambio. Probablemente, el cambio esperado consistía en que sus necesidades de servicios básicos sean satisfechas.
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2. En las elecciones del 2006 –tras varios trimestres de un crecimiento muy alto e importantes mejoras salariales–, Ollanta Humala obtuvo la mayor votación en primera vuelta, a pesar de que su plataforma era la del chavismo populista entonces imperante en Venezuela. Humala no ganó debido a que en la segunda vuelta enfrentó a un político con los recursos oratorios de Alan García. Entre el 2006 y el 2011 nos beneficiamos del súper ciclo de los commodities y crecimos como nunca; los logros económicos del segundo Gobierno de García fueron impresionantes, pero más impresionante aún fue el hecho de que en el 2011 Humala ganó en primera y en segunda vuelta.
3. Tras la desaceleración económica registrada durante el Gobierno de Humala (2011-2016) y la frustración generada por un Estado crecientemente ineficaz y disfuncional, el electorado se volcó a la derecha (Keiko y PPK), pero la verdad es que lo único que optó fue por el cambio. La izquierda, aliada de Humala, no había cumplido y no llegó a la segunda vuelta en el 2016. El supuesto gobierno de derecha del 2016-2021, terminó siendo una sucesión de gobiernos en el medio de un tremendo desbarajuste institucional y político. La pandemia sanitaria del 2020-2021 y los más de 200,000 fallecidos que trajo, generó un nuevo movimiento pendular y facilitó la llegada al poder de un grupo populista radical liderado por gente que hoy está en la cárcel o se encuentra prófuga de la justicia.
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4. El débil Gobierno de la presidenta Dina Boluarte surgió en el medio de una grave crisis institucional, producto de peleas dentro del bloque gobernante que terminaron en un fallido e inaudito autogolpe (cuyo segundo aniversario celebramos el sábado pasado). Probablemente, el que un gobierno tan débil como el actual se sostenga solo se explica por la aún mayor fragilidad de nuestras instituciones políticas, que permite que los intereses cortoplacistas de unos pocos prevalezcan sobre las necesidades de la mayoría. ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Qué fue de las ideologías? ¿Quiénes nos representan en esta supuesta democracia representativa?
5. Este breve repaso pone de manifiesto la enorme fragilidad y podredumbre de nuestras instituciones políticas, lo que lamentablemente se refleja en la creciente ineficacia y disfuncionalidad del aparato estatal. La burocracia pública y el servicio civil se alejan cada vez más del ciudadano de a pie. Al igual que gran parte de la clase política, muchos de los empleados públicos buscan básicamente servirse a sí mismos: más prebendas y menos entregables de calidad. En muchos casos, la falta de transparencia y de compromiso con el país lleva a despilfarrar los escasos recursos fiscales que podrían y deberían dirigirse a atender las necesidades de la población.
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6. En contraposición a la grave situación de nuestras instituciones políticas, nuestras instituciones económicas han logrado mantenerse bastante sanas. Las instituciones detrás de la economía de mercado todavía no han sido socavadas. Por un lado, la autonomía del BCR y el adecuado manejo de la política monetaria han permitido que regresemos a tener una inflación muy baja junto a una envidiable estabilidad cambiaria. Por otro lado, y a pesar del reciente debilitamiento fiscal, el MEF ha logrado mantener las finanzas públicas relativamente ordenadas (tomando en cuenta el marasmo político y las presiones populistas ejercidas por políticos irresponsables).
7. Así nos acercamos al fin del Gobierno de la señora Boluarte y a las elecciones del 2026: con instituciones políticas muy debilitadas e instituciones económicas que han logrado mantenerse bastante sólidas. Para usar la terminología de los profesores Acemoglu y Robinson –ganadores del premio Nobel de Economía de este año–, contamos con instituciones económicas medianamente inclusivas, pero con instituciones políticas claramente extractivas. Este es un equilibrio inestable, inconsistente con lograr la prosperidad de la mayoría, que probablemente irá debilitándose de manera progresiva, o más bien rápida, si es que en el 2026 volvemos a votar sin pensar en las consecuencias de nuestra elección.
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8. Con el optimismo de siempre, me atrevo a vaticinar que aquel que transmita con credibilidad un mensaje de cambio que tenga sentido para el electorado, es decir, de transformación del Estado en un proveedor eficaz y confiable de servicios públicos básicos –salud, educación, seguridad, transporte–, tendrá una alta probabilidad de resultar elegido.
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