Escrito por: José Luis Guasch, Exjefe del grupo de expertos globales en APP del Banco Mundial
Según ProInversión, entre el 2026 y el 2038 vencerán 38 concesiones de APP, con una inversión total de US$ 5,800 millones, equivalente a 1.4 veces la inversión pública del Gobierno nacional en el 2024, y que representan una de cada tres concesiones vigentes.
A pesar de la proximidad de la fecha límite, los lineamientos actuales del MEF no establecen criterios o mecanismos claros para renovar o volver a licitar por adelantado. Varias de ellas son autosostenibles, con valores residuales sustanciales. El valor residual de una concesión se define como el valor estimado que se obtendría como pago al Estado por el concesionario ganador si se licitara de nuevo el proyecto por otros 30 años. Esos valores, para las autosostenibles, suman miles de millones de dólares.
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De ahí que me preocupa lo que parece ser la estrategia o posición del Gobierno con relación a lo que hacer con las APP al término del vencimiento del contrato, sobre todo para las APP autosostenibles, como puertos, aeropuertos y carreteras de peaje. Y en el Perú son bastantes.
El tema se está tratando con adendas, donde parece que se le otorga al actual concesionario una cuasi automática extensión de la concesión por otros 30 años, con mínimos compromisos de pago y sí con ciertos compromisos de inversión. Pero eso no alcanza para nada al valor residual del proyecto.
Hay que tener mucho cuidado, pues en la extensión cuasi automática no se hace alusión a la posible pérdida del valor residual de la concesión para el Estado, y que suele ser sustancial. Se comenta que el actual concesionario seguiría pagando al Estado la cuota vigente en el contrato actual, con algún ajuste.
Esto no es apropiado ni suficiente, e implicaría cederle al concesionario un porcentaje sustancial del valor residual del proyecto. Cabe notar que el actual concesionario, al término de la concesión, ya ha recuperado la inversión y obtenido las utilidades esperadas, y que, como está establecido en el contrato, el nivel y la calidad del servicio al término de la concesión deben ser impecables. Entiendo que ya hay una propuesta o acuerdo para otorgar la extensión al puerto de Matarani, y aunque la presidenta Dina Boluarte indicó en su mensaje por Fiestas Patrias que ya se tiene lista la adenda (a firmar en este trimestre), no se detalla el cómo ni la razón de los términos acordados. Dado el alto valor en juego, se requiere una mayor transparencia y explicación de los términos acordados.
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Hay alternativas mucho más atractivas en este proceso llamado “reciclaje de activos APP”. Se debe empezar, a través del modelo financiero para los próximos 30 años, estimando el valor residual de cada concesión. De ahí, las opciones son: una, negociar con el concesionario la extensión, pero requiriendo el pago de una proporción sustancial de ese valor residual, incorporando compromisos de inversión; dos, decidir ir a una nueva licitación competitiva del proyecto a su caducidad; y tres, la alternativa ya usada en otros países, como Chile, que consiste en estimar los valores residuales de cada concesión, y emitir bonos bullet hoy por ese valor, que se pagan a la fecha de la adjudicación de la nueva concesión, y crear un fideicomiso donde se incorporan esos valores.
Así entra capital fresco, que se usan para el financiamiento de nuevos proyectos APP cofinanciados, reduciendo el impacto fiscal de las inversiones en infraestructura y contribuyendo al cierre de la brecha de infraestructura.
