
El régimen Castillo-Boluarte ha causado daños socioeconómicos que no están recibiendo la atención que merecen. Uno de ellos es el fuerte aumento del número de peruanos que decidieron emigrar al extranjero ante la falta de oportunidades laborales adecuadas en el país, o peor, ante la carencia de perspectivas aceptables para el mediano y largo plazo, en particular, para los jóvenes.
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Según el INEI, se considera emigrante internacional a quien estuvo fuera del país por lo menos un año. Un estudio de la entidad, cuya fecha de corte es el 30 de junio del 2024, consigna que la emigración de peruanos se redujo gradualmente desde el pico alcanzado el 2007 (202,000) hasta el 2017 (104,900). Hubo un ligero salto el año siguiente pero la tendencia decreciente retornó el 2019 y se mantuvo durante los dos años de la pandemia –cuando había restricciones para viajar al exterior–. El promedio anual de la década del 2010 fue 138,850.
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Todas estas cifras palidecen comparadas con la emigración reciente. El 2022, cuando el Gobierno de Pedro Castillo se dedicó a copar ministerios y a avalar la destrucción de la institucionalidad dictada por el Congreso, se fueron del país 278,700 personas. El miércoles pasado, indicamos erróneamente que este número correspondía al 2023, el año de la recesión (y el primero de Dina Boluarte en la presidencia). El dato correcto es 184,000, pero dada la fecha de corte del informe, no se contabilizó a quienes partieron durante la segunda mitad del 2023 y acumularon al menos un año sin regresar. Según estima ComexPerú, ese número podría duplicarse.
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Las estadísticas tampoco toman en cuenta a peruanos que se mudaron al exterior pero que visitan el país en menos de un año. Es el caso de deportistas como los tenistas Ignacio Buse y Gonzalo Bueno, que emigraron porque en el Perú no existen condiciones para que desarrollen su carrera, así como profesionales y estudiantes de altos ingresos. Hablando de dinero, los peruanos en el exterior enviaron remesas por US$ 4,945 millones el año pasado, según el BCR, 11% más que en el 2023.
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Si bien las remesas ayudan a apuntalar la economía de las familias de los emigrantes, los costos son enormes –y difíciles de cuantificar–. Por ejemplo, la dificultad de crecer con un progenitor ausente. El país también pierde, pues la mayoría de emigrantes está en edad de trabajar y más de la tercera parte está capacitada. Y la desesperanza, causada por un Gobierno sin rumbo, duele. El 96% de universitarios se mudaría al exterior, si pudiese hacerlo, según un informe de la Universidad de Piura.