La curiosa capacidad del Gobierno permitir el avance de la minería ilegal y poner trabas al desarrollo de proyectos mineros formales.
Es curiosa la facilidad que tenemos para ponernos cabe. Pese a que la actividad minera sigue siendo el principal motor de la economía peruana, poco se hace para promoverla y, por el contrario, vemos como el crimen organizado y la minería ilegal acuchillan a uno de los pocos sectores que aún impulsan al país.
Las cifras que presentó el Instituto Peruano de Economía (IPE) son bastante elocuentes. Sin la minería, ninguna de las 16 regiones mineras hubiera obtenido un resultado positivo en el tercer trimestre. Por ejemplo, Moquegua, creció 27% en ese periodo, pero sin esta actividad no hubiera ocupado el primer lugar de crecimiento, y se habría contraído 1.9%.
El propio ministro de Economía, Alex Contreras, hace algunas semanas, señalaba que “si no fuera por la minería, probablemente estaríamos hablando de una gran recesión”. Para entender la importancia de esta actividad, solo el ingreso de Quellaveco, ha permitido sostener el crecimiento y los ingresos fiscales en un año de recesión.
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Pese al nivel de relevancia que tiene la minería, lo que prima es la desidia de las autoridades. A inicios de este mes fuimos testigos de como el crimen organizado asesinó a nueve trabajadores e hirió de gravedad a otros 15 de la minera de oro la Poderosa en Pataz, La Libertad.
El problema es que este no es un hecho aislado. De hecho, los costos directos o indirectos anuales generados por la minería no ilegal equivalen a cerca de S/24,000 millones o 2.5% del PBI y amenaza a más de un millón de 800 mil personas que viven de alguna manera de esta actividad, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Sin embargo, más allá de anuncios efectistas como enviar a militares a las zonas vulnerables, no existe una real política pública de lucha contra la minería ilegal y la prueba más visible es la situación de Madre de Dios, que literalmente se ha convertido en tierra de nadie.
De acuerdo con Conservación Amazónica, las infraestructuras de la minería ilegal en el 2023 (592 dragas) se han incrementado un 400% comparado con el año 2021 (148 dragas). Se presume que casi 2.400 mineros han retornado a las zonas que habían sido recuperadas por el Estado en 2019 mediante la megaoperación Mercurio.
Por el contrario, la actividad minera formal solo encuentra más trabas. Según un informe de El Comercio las 10 inversiones mineras con mayor monto representan actualmente US$30.796 millones (58% de la cartera total). Todas pasaron de la fase de exploración a la de construcción desde el 2017; sin embargo -poco más de cinco años después- ninguna está actualmente en ejecución.
Del lado del Gobierno escuchamos las buenas intenciones de destrabe del ministro de Economía, sin embargo, por ahora todo se reduce a eso, buenas intenciones. Mientras que por parte del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, pareciera que su único interés se centra en una empresa quebrada que todos los peruanos seguimos manteniendo con nuestros impuestos como es PetroPerú. Claramente, necesitamos más promotores y menos rentistas.
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